POLÍTICA EXPRÉS | * ¿Despensas fantasma o cifras infladas? El millonario gasto del DIF y la realidad de la desnutrición en Oaxaca
El DIF de Oaxaca asegura haber gastado 2 mil 444 millones de pesos en alimentos para familias pobres entre 2023 y 2025. Sin embargo, en comunidades marginadas siguen muriendo mujeres y niños por desnutrición. ¿Dónde están las despensas? ¿Dónde está el presupuesto que prometía combatir el hambre?
Los contratos millonarios se concentran en dos empresas: Comercializadora Ingeborg y Don Cacahuato. Ambas están bajo el control del Grupo Cimarrón Holding, dirigido por Teodoro Octavio Martínez Ruiz. Su historial en otros estados incluye sobreprecios, irregularidades y despensas que nunca llegaron a los beneficiarios.
En 2023, Don Cacahuato recibió 788.3 millones de pesos. En 2024, ambas empresas sumaron 767.9 millones. Para 2025, Ingeborg obtuvo 888.6 millones en contratos. Montos suficientes para erradicar la inseguridad alimentaria en Oaxaca, pero que no se reflejan en la vida de las comunidades más pobres.
El caso no es aislado. En Zacatecas, esta red empresarial fue acusada de corrupción con contratos por 192 millones de pesos. En Nuevo León, la Auditoría Superior detectó un posible daño al erario de 5.5 millones por entregas fantasma. El patrón es el mismo: adjudicaciones millonarias y resultados inexistentes.
A pesar de ello, el gobernador Salomón Jara mantiene un silencio conveniente. No hay explicaciones sobre los procesos de licitación, ni sobre los precios de los productos adquiridos. La opacidad contradice su discurso de austeridad y combate a la corrupción, dejando abierta la sospecha de encubrimiento.
Oaxaca está entre los diez estados con más muertes por desnutrición, según INEGI y CONEVAL. En sus zonas rurales, la mortalidad supera la media nacional. Esto no es solo una estadística: es la evidencia de que la política alimentaria estatal está fracasando de forma dolorosa y costosa.
Mientras se anuncian cifras multimillonarias en programas alimentarios, las auditorías y reportajes destapan desvíos, sobreprecios y empresas beneficiadas por relaciones políticas. La negligencia es doble: se malgastan recursos públicos y se ignora la urgencia de combatir el hambre que mata a la población más vulnerable.
En una crisis humanitaria, cada peso cuenta. Pero en Oaxaca, los pesos parecen diluirse en redes empresariales privilegiadas, sin llegar a las manos que lo necesitan. Esta situación demanda sanciones ejemplares, transparencia inmediata y un rediseño total de los programas de asistencia alimentaria.
Las autoridades no pueden seguir justificando la muerte por desnutrición con discursos huecos y cifras maquilladas. La salud y la vida son derechos, no favores. Los programas deben ser auditados en tiempo real y los responsables de irregularidades deben enfrentar la justicia, sin importar su cercanía con el poder.
El hambre no espera. Los oaxaqueños exigen verdad, justicia y acción. Es hora de que el DIF estatal y el gobierno rindan cuentas y conviertan los recursos en alimento real para quienes más lo necesitan. Cada despensa que no llega, es una vida que se pone en riesgo.
