
POLÍTICA EXPRÉS| * Desapariciones en Oaxaca: una deuda de justicia que el Estado se niega a saldar
Las desapariciones en Oaxaca son una herida abierta que no cicatriza. Los datos oficiales muestran miles de personas desaparecidas, pero lo más alarmante es la ausencia de una fiscalía especializada en su búsqueda. La omisión del gobierno y el congreso convierte esta tragedia en un crimen de Estado.
El discurso institucional presume convenios y difusión de fichas en pantallas digitales, como si la visibilidad equivaliera a justicia. Pero mientras no existan mecanismos sólidos de investigación, esas acciones quedan en gestos mediáticos. Las familias no necesitan propaganda, necesitan resultados, respuestas y la localización de sus seres queridos.
Los números hablan por sí solos: más de 3 mil 900 desapariciones en 15 años. De ellas, más de 500 siguen sin resolverse y 83 terminaron en hallazgos sin vida. No es una cifra, es un reflejo de impunidad y de un Estado que no cumple.
A esta tragedia se suma la disparidad en los registros. La Comisión Estatal, la Red Lupa y el Registro Nacional ofrecen cifras distintas, evidenciando opacidad e incapacidad para transparentar la magnitud del problema. ¿Cómo confiar en autoridades que ni siquiera logran ponerse de acuerdo en cuántos desaparecidos hay en Oaxaca?
Las causas son múltiples y conocidas: crimen organizado, trata, violencia de género, disputas agrarias, conflictos comunitarios. Nada nuevo para el Estado. Sin embargo, la respuesta es la misma: simulación y burocracia. La ausencia de una fiscalía especializada confirma que la prioridad de los gobernantes está lejos de la justicia.
La geografía del dolor se extiende: Valles Centrales, Mixteca, Costa, Papaloapan e Istmo cargan historias de familias mutiladas por la ausencia. El caso reciente de los 14 jóvenes desaparecidos en Puerto Escondido es una vergüenza más. No hay avances en su búsqueda y localización, solo silencio y sospechas de colusión entre autoridades y criminales.
En el Istmo, la violencia de género y la trata hacen estragos. Los números de desapariciones y feminicidios se disparan, pero la respuesta sigue siendo mínima. Mientras tanto, los colectivos insisten: no quieren promesas, quieren acciones. Y la primera acción debería ser la creación de una fiscalía especializada.
El gobierno estatal y el congreso repiten su indiferencia, postergando la creación de esta instancia esencial. Prefieren discursos vacíos y alianzas publicitarias, en lugar de políticas estructurales. La negligencia institucional no solo agrava el dolor de las familias, también fortalece al crimen, que opera con impunidad ilimitada.
No se trata solo de cifras, sino de vidas truncadas, proyectos robados y familias condenadas a la incertidumbre eterna. Cada desaparición revela la fragilidad del Estado de derecho en Oaxaca. Y cada día sin fiscalía especializada es un día más de impunidad avalada desde el poder.
Oaxaca no sólo necesita pantallas digitales o discursos solemnes. Necesita voluntad política, estructuras sólidas y un sistema judicial sensible a las víctimas. El Congreso local y el gobierno estatal deben dejar de postergar esta deuda. De lo contrario, seguirán siendo cómplices de la tragedia más dolorosa que atraviesa la entidad.

