POLÍTICA EXPRÉS | * DDHPO se rinde tras regaño oficial: silencio cómplice frente a represión, abusos y linchamientos en #Oaxaca
Por más que se invoque el discurso de los derechos humanos, la Defensoría de Oaxaca, bajo la conducción de Elizabeth Lara Rodríguez, ha desaparecido en la práctica. Su ausencia tras el regaño del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, exhibe un órgano más preocupado por su supervivencia política que por cumplir su mandato.
La recomendación emitida por la Defensoría, solicitando investigar la actuación policial en el intento de linchamiento en San Pablo Etla, parecía un primer paso hacia la dignidad institucional. Sin embargo, bastó la reprimenda pública de Romero López para que la DDHPO guardara un silencio cómplice y prolongado.
Este sometimiento institucional no es un hecho aislado. Desde hace meses, la Defensoría se ha vuelto un ente omiso, útil únicamente para acompañar la narrativa gubernamental. Lejos de ser contrapeso, la institución se acomoda a la complacencia, ausente en cada escenario donde debería defender a víctimas y señalar abusos.
El episodio de los trabajadores del Telebachillerato Comunitario reprimidos por fuerzas estatales es ilustrativo. Ni una palabra de condena, ni un llamado a la rendición de cuentas. La DDHPO prefirió callar. Esa omisión deliberada confirma que, bajo la actual titularidad, la institución ha renunciado a su papel más esencial.
Paradójicamente, Elizabeth Lara Rodríguez aparece con frecuencia en comunicados y giras internacionales, retratándose con organismos extranjeros mientras en Oaxaca abundan los atropellos. Es el contraste más doloroso: un organismo que se vende como vanguardia en derechos humanos en foros internacionales, pero que permanece ciego y mudo frente a la realidad local.
El señalamiento de Romero López contra la Defensoría, acusándola de emitir “activismo pasivo”, fue en realidad un mensaje disciplinario. La consecuencia fue inmediata: la DDHPO se replegó, desapareció del debate público y aceptó, sin resistencia, el papel de institución ornamental que no incomoda al poder político.
Con esta claudicación, la Defensoría ya no representa un refugio para las víctimas ni un contrapeso frente al gobierno. Su ausencia no es neutralidad, sino renuncia. Cada silencio ante abusos estatales erosiona la confianza ciudadana y normaliza la idea de que la defensa de derechos es un lujo prescindible.
El discurso oficial justifica el actuar policial como una decisión pragmática en condiciones adversas. Nadie desconoce la dificultad del terreno; lo inadmisible es que la Defensoría, cuya función es evaluar y exigir protocolos, se rinda al argumento de que “no había margen de maniobra”. Ese es su deber, no excusa.
La debilidad de la DDHPO refleja un problema mayor: la captura institucional de los órganos autónomos por el Ejecutivo. El costo lo pagan las víctimas, quienes quedan sin un espacio que acompañe sus denuncias y que confronte el abuso de poder. La autonomía, hoy, es sólo un simulacro.
Mientras tanto, en Oaxaca se multiplican las violaciones a derechos humanos sin que la Defensoría cumpla su papel de contrapeso y vigilancia. Convertida en pieza de ornato, su función crítica se ha evaporado. Lo que queda es un organismo que legitima, con su silencio, la represión y el olvido.
