POLÍTICA EXPRÉS | * Criminalizar al periodismo: la omisión del poder federal normaliza el acoso judicial y debilita la democracia
La criminalización de la labor periodística en México se ha convertido en una amenaza directa contra la democracia. Cuando informar se castiga con procesos penales, detenciones arbitrarias o sanciones económicas desproporcionadas, el mensaje es inquietante: el poder busca silenciar, no rendir cuentas, y utiliza al sistema judicial como arma política.
Casos recientes en Campeche, Puebla y Veracruz revelan un patrón inadmisible. Periodistas sometidos a procesos por delitos graves, ambiguos o desproporcionados enfrentan no solo al poder político, sino a un aparato judicial dispuesto a inhibir la crítica. No son hechos casuales, sino una estrategia de intimidación institucional.
En Veracruz, el uso de cargos como “terrorismo” contra el periodista Rafael León ha sido denunciado por organizaciones defensoras de la libertad de expresión. En Puebla, reformas penales con definiciones vagas facilitan perseguir opiniones incómodas. En Campeche, sanciones ejemplares buscan sentar precedentes de miedo y autocensura.
Las cifras confirman la gravedad. Artículo 19 documentó cientos de agresiones anuales contra periodistas y un crecimiento sostenido del acoso judicial. México no solo es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; ahora también es uno donde informar puede llevar a tribunales manipulados por intereses políticos.
Este contexto genera un efecto devastador: la autocensura. Cuando el costo de investigar corrupción o abuso de poder es la cárcel, el embargo o la prohibición de ejercer, la sociedad entera pierde. Se debilita el debate público y se normaliza un autoritarismo ilegal disfrazado de legalidad.
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha rechazado públicamente la censura y se ha pronunciado a favor de la libertad de expresión. Sin embargo, las declaraciones no bastan. La ausencia de acciones contundentes frente a los abusos estatales abre la puerta a la tolerancia política.
La explicación suele escudarse en el federalismo. Gobernadores aliados impulsan leyes o permiten excesos judiciales, mientras el poder central evita confrontarlos. Esta lealtad partidista pesa más que la defensa activa de los derechos fundamentales, aun cuando existen mecanismos políticos y legales para intervenir.
A ello se suma una herencia de impunidad histórica. La violencia contra periodistas rara vez se castiga, y el Mecanismo de Protección sigue siendo insuficiente. Las reformas judiciales recientes, lejos de fortalecer la independencia, amenazan con profundizar la politización de la justicia.
La contradicción es que se promete libertad mientras se tolera su erosión cotidiana. No se necesita una orden explícita para reprimir; basta con mirar hacia otro lado. La inacción federal frente a la criminalización estatal termina validando prácticas que socavan el Estado de derecho.
Defender al periodismo no es un gesto retórico, es una obligación democrática. Poner un alto al acoso judicial exige reformas, presión política y voluntad real. De lo contrario, México seguirá transitando hacia un modelo donde informar es delito y el silencio, una política de Estado.
