POLÍTICA EXPRÉS | * Blindaje a Farías: ¿maniobra de para usar amparo como coartada y recortar libertades ciudadanas?”
En México nada ocurre por azar en política. La reciente suspensión provisional concedida al contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de liderar una red de contrabando de combustibles, llega con un tufo inconfundible de cálculo gubernamental. El hecho de que un personaje vinculado al poder naval quede protegido de la justicia justo cuando el Congreso discute la reforma a la Ley de Amparo, resulta, cuando menos, sospechoso.
El amparo es, por definición, un mecanismo de defensa del ciudadano frente al abuso del poder. Sin embargo, en este caso se convierte en el blindaje perfecto para un presunto delincuente de cuello blanco, con conexiones familiares y políticas de alto calibre. ¿Casualidad que esto ocurra en el mismo momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum empuja límites a este recurso legal? Difícil de creer.
La jueza Emma Cristina Carlos Ávalos resolvió que la suspensión prevalece sobre la orden de captura, incluso ante una ficha roja internacional. Esta interpretación, jurídicamente discutible y políticamente explosiva, garantiza que Farías no pise la cárcel mientras la defensa dilata el proceso. El mensaje público es inequívoco: el amparo no protege al ciudadano común, sino a los privilegiados del poder.
La irritación popular en redes sociales no se hizo esperar: usuarios denuncian “impunidad selectiva” y señalan a la 4T de utilizar a los “nuevos jueces” como instrumentos políticos. El ruido digital amplifica la percepción de que el sistema judicial está cooptado, y, paradójicamente, abona al discurso presidencial de que el amparo requiere ajustes urgentes.
Aquí surge la sospecha más incómoda: ¿y si todo esto no es un error, sino un montaje calculado? Una jugada en la que se “sacrifica” la credibilidad de un juez para exhibir las supuestas fallas del amparo, sembrar indignación social y facilitar que el Congreso limite un derecho histórico de defensa ciudadana. Una operación política disfrazada de escándalo judicial.
Si este fuera el caso, estaríamos frente a una perversión institucional de gran calado. El gobierno habría manipulado la justicia no para castigar la corrupción, sino para justificar un recorte a las libertades constitucionales. No sería la primera vez: en regímenes con pulsiones autoritarias, se crean casos emblemáticos que “demuestran” la necesidad de reformas restrictivas.
La presidenta Sheinbaum juega con fuego. Utilizar a un huachicolero de alto rango como peón en la partida política puede rendir frutos inmediatos en el Congreso, pero erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Al final, la ciudadanía percibe que la justicia no se administra, sino se negocia según la conveniencia del poder.
Lo verdaderamente peligroso es el precedente: si hoy se manipula la indignación social para recortar el amparo, mañana podrá hacerse lo mismo con cualquier otra garantía constitucional. El riesgo está a la vista: convertir a la justicia en un teatro político y a los jueces en actores de reparto del guion presidencial.
México necesita fortalecer sus instituciones, no debilitarlas. El combate al huachicol requiere castigo ejemplar, no suspensiones a modo. La reforma al amparo exige debate democrático, parlamento abierto, no maniobras judiciales prefabricadas. Si el gobierno se vale de casos como el de Farías para impulsar sus cambios, la democracia se reduce a un simple ardid retórico.
El caso Farías no es solo un episodio judicial: es una radiografía del poder actual. Un poder dispuesto a utilizar la corrupción como excusa, la justicia como herramienta de manipulación y la indignación popular como combustible político. Lo que se juega aquí no es la suerte de un contrabandista, sino la vigencia misma de los derechos ciudadanos frente al poder del Estado.
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