POLÍTICA EXPRÉS | * Asesinato de contraalmirante exhibe corrupción y obliga a Marina a depurarse
El asesinato del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, tras denunciar a sus superiores por presuntas operaciones de huachicol en puertos y aduanas, sacudió los cimientos institucionales de la Secretaría de Marina y sembró la sospecha sobre su integridad.
Pocos días antes, otro elemento de la Marina fue asesinado mientras vacacionaba, en un contexto que, sumado al de Guerrero, incrementa la presunción de vínculos internos con estructuras delictivas. Ambos crímenes están siendo investigados por la FGR.
La Fiscalía General de la República vincula estos homicidios con la indagatoria contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, lo que adiciona la sombra del nepotismo y privilegios.
El hermano del vicealmirante también es investigado, aunque permanece prófugo, lo que sugiere una red de complicidades que compromete el prestigio de altos mandos navales.
En su calidad de funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México, el contraalmirante Guerrero Alcántar dirigió, el 14 de junio de 2024, una carta denunciando que Roberto Farías y capitanes aliados influían en designaciones en aduanas para facilitar actividades delictivas. Ese documento se halló en su oficina en Chiapas.
La FGR afirma que “al mantener una relación estrecha con personas de la Semar, se puede inferir que los actores materiales del homicidio pudieran ser personal de esta dependencia o allegados a ellos”, profundizando la crisis de confianza.
Además, las autoridades vinculan a los Farías con el desembarque ilícito de combustibles en más de 31 buques, así como con el decomiso de diez millones de litros de hidrocarburo en Tampico, operativos en los que participaron militares y civiles.
Frente a este escenario, una investigación interna por parte de la Secretaría de Marina no es una opción, sino una obligación. Depurar a quienes abusen del poder, limpiar los órganos de mando y sancionar internamente son pasos indispensables.
La Semar debe ir más allá de comunicados y abrazarse al principio de cero tolerancia—pero traducido en hechos concretos y transparentes— para reconstruir su legitimidad ante una sociedad que ya desconfía de las instituciones públicas.
El asesinato de un oficial de alto rango que se atrevió a denunciar la corrupción y fue silenciado por ello exige una reacción institucional firme. La Semar debe limpiar sus filas, demostrar su compromiso ético y recuperar el respeto que está en juego. La ciudadanía lo demanda, y la nación lo necesita.
