Colapsa Semefo de Oaxaca capital: saturación de cuerpos, falta de recursos y ley forense ignorada
El colapso del Servicio Médico Forense (Semefo) de Oaxaca no sólo es un problema administrativo, sino una tragedia que impacta directamente en miles de familias. La saturación de cuerpos, la falta de infraestructura adecuada y el abandono presupuestal convierten la identificación y resguardo de víctimas en una tarea casi imposible.
El sistema opera con apenas un anfiteatro, una sala necroquirúrgica y una cámara frigorífica con capacidad para 15 cuerpos, insuficiente para los más de tres mil cadáveres que recibe cada año. Esta realidad coloca a Oaxaca entre los 12 estados con mayor carga forense en México.
De acuerdo con datos del Inegi, durante 2024 las unidades forenses del país procesaron 100 mil 19 cadáveres, cifra que representa un aumento de 5.4 por ciento respecto al año anterior. Oaxaca registró el ingreso de 3 mil 159 cuerpos, comparable con entidades azotadas por el crimen organizado.
La magnitud de la carga contrasta con un presupuesto anual ridículo: apenas 2.1 millones de pesos. Con este monto, Oaxaca intenta cubrir gastos de operación, personal y servicios, lo que coloca a la entidad entre las que menos recursos destinan a un problema tan sensible como la identificación forense.
El déficit es evidente no sólo en la capacidad de almacenamiento. Oaxaca carece de osteoteca, bodegas de evidencias y suficientes laboratorios. De los seis laboratorios de análisis existentes, apenas tres cuentan con certificación. En total, siete laboratorios intentan responder a la saturación de miles de casos cada año.
La falta de infraestructura y presupuesto genera consecuencias humanas devastadoras. Cuerpos no identificados permanecen sin un espacio digno, generando lo que colectivos denominan una “doble desaparición”: primero frente a la violencia, después frente al sistema incapaz de garantizar su resguardo e identificación.
Las cifras nacionales son contundentes. Estados como el Estado de México (11 mil 353 cuerpos), Guanajuato (7 mil 646) y Baja California (7 mil 503) encabezan la lista. Oaxaca, con 3 mil 159 cuerpos, supera incluso a entidades como Michoacán y Sonora, marcadas por la violencia criminal.
Madres buscadoras como Martha Pablo denuncian que la saturación forense refleja la magnitud de la violencia en Oaxaca. “¿En dónde están y cómo tienen todos esos cuerpos?”, cuestionó, al señalar que con los recursos actuales resulta imposible entregar los cuerpos identificados a sus familias en un tiempo razonable.
Ante este panorama, colectivos presionan por la construcción de un panteón forense que permita resguardar dignamente a los cuerpos no reclamados. La Fiscalía ha confirmado que el proyecto está en proceso, pero mientras tanto, familias y buscadoras enfrentan la incertidumbre de no saber dónde están sus desaparecidos.
Pese a que Oaxaca aprobó en 2021 una Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas, su aplicación práctica es inexistente. Activistas denuncian que, si las autoridades se apegaran a la ley, muchas familias evitarían la revictimización que hoy padecen. En la práctica, la norma permanece letra muerta.
