POLÍTICA EXPRÉS | * Albergues y el caso del DIF-Oaxaca: cuando el poder desoye, la tragedia llega
La descalificación de víctimas a priori y la ceguera de las autoridades estatales incubaron la tragedia en la Casa Pato, un albergue del DIF-Oaxaca ubicado en San Raymundo Jalpan, una desgracia evitable, cuyo costo humano desnuda prioridades políticas, negligencias acumuladas y una lección urgente para cualquier gobierno que priorice la imagen sobre la vida. La muerte de dos niñas haitianas en una fosa séptica no fue azar: es el resultado previsible de un sistema que ignora alertas para proteger egos.
Este triste caso exhibe fallas profundas en el DIF Oaxaca, donde durante meses trabajadores, menores y periodistas alertaron riesgos, abusos y carencias. Nada activó protocolos reales. La institución, creada para proteger, se volvió muro burocrático. Hoy, dos niñas muertas confirman que ignorar señales no es error político: es responsabilidad pública directa.
Las denuncias de maltrato, explotación y negligencia acumularon polvo en escritorios, mientras los albergues seguían en precariedad, revelando un fracaso ético que clama por justicia inmediata y reformas radicales.
Desde el despacho del gobernador Salomón Jara Cruz se optó por desacreditar denuncias, llamarlas campaña de mala fe y cerrar filas. La reacción no fue prudencia, fue soberbia. Gobernar implica investigar incluso lo incómodo.
Cuando el poder se protege a sí mismo antes que a los niños, administra riesgos mortales y fabrica tragedias. Jara minimizó las quejas como ataques maliciosos, pero esa postura defensiva solo prolongó el peligro, convirtiendo la gobernanza en un escudo para la impunidad en lugar de un bastión para los vulnerables.
También hubo un reflejo defensivo alrededor de Irma Bolaños Quijano, presentada como blanco político. Pero convertir críticas en complot desvió la discusión central: condiciones inseguras, personal rebasado, controles inexistentes.
La narrativa del ataque sustituyó la obligación de verificar hechos. Mientras se discutía reputación, los riesgos seguían intactos dentro del albergue. Esta táctica no solo evadió responsabilidades, sino que perpetuó un ciclo de negligencia donde la protección infantil se subordina a lealtades familiares y políticas, erosionando la confianza pública.
Las quejas formales llegaron a escritorios de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y otras oficinas. Sin embargo, faltaron inspecciones sorpresivas, auditorías serias y medidas cautelares visibles.
Cuando los organismos de control dudan o se burocratizan, envían un mensaje peligroso: denunciar sirve de poco y proteger a los vulnerables se convierte en retórica vacía. Esta inacción institucional no solo falló en prevenir la tragedia, sino que incentivó más omisiones, dejando a niños migrantes expuestos a peligros evitables por falta de voluntad real.
Hoy, la exigencia recae en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca: investigar no solo la cisterna mortal, también presupuestos, nombramientos y omisiones previas. Si limita el caso a chivos expiatorios administrativos, confirmará el patrón.
La justicia selectiva calma titulares, pero no corrige raíces corruptas. Nepotismo, desvíos y encubrimientos deben ser desmantelados para restaurar integridad, asegurando que el DIF no sea un feudo familiar sino un refugio genuino para los desprotegidos.
Lo ocurrido en Casa Pato no es simple accidente, sino la forma en que terminan las advertencias ignoradas. Primero se descalifica, luego se pospone, después se administra el escándalo. Entre cada fase crece el riesgo. Las muertes infantiles no irrumpen de la nada: avanzan paso a paso entre oficios archivados, oficios respondidos tarde.
Este patrón sistémico en Oaxaca ilustra cómo la negligencia acumulada transforma instituciones protectoras en trampas mortales, demandando un cambio radical en la respuesta a denuncias para evitar repeticiones trágicas.
El gobierno estatal aún puede convertir el horror en punto de quiebre si entiende la lección: investigar a tiempo cuesta políticamente menos que enterrar niñas. Escuchar a trabajadores protege más que blindar jerarquías.
Investigar y corregir evita funerales. La prevención nunca luce en propaganda, pero siempre salva vidas y evita responsabilidades. Adoptar transparencia y acción proactiva podría redimir al régimen de Jara, transformando esta crisis en un catalizador para una gobernanza ética y centrada en el bienestar humano real.
Si tras esta tragedia todo se reduce a ceses, el mensaje será devastador: en Oaxaca la impunidad solo cambia nombres. Investigar implica tocar redes, contratos, complicidades y silencios. Duele, desgasta y confronta al poder consigo mismo.
Pero es la única vía para que las instituciones vuelvan a ser refugio seguro. Sin una depuración profunda de corrupción y nepotismo, el DIF seguirá siendo un riesgo latente, perpetuando un ciclo donde las vidas de los niños valen menos que la estabilidad política.
Que esta muerte doble obligue a gobernar distinto: con inspecciones reales, archivos abiertos y prioridades humanas. Ningún proyecto político merece sobrevivir si necesita ignorar niños. La lección es simple y brutal: cada denuncia desoída acumula segundos hacia otra tragedia.
Atender temprano no garantiza aplausos, pero evita lutos, culpas y vergüenzas. Oaxaca merece un liderazgo que anteponga la vida a la retórica, convirtiendo esta dolorosa pérdida en el fin de la era de la negligencia institucionalizada.
