POLÍTICA EXPRÉS | *Abusos de poder: cuando el juez se convierte en verdugo de la libertad de expresión

En México, la corrupción no siempre se mide en maletines de dinero o contratos amañados. A veces se viste de toga y se esconde detrás de resoluciones judiciales que, en lugar de proteger derechos, se convierten en armas para amedrentar, humillar y silenciar a quienes exhiben abusos del poder.

El caso de los periodistas de Campeche, obligados por mandato judicial a pedir disculpas públicas a la gobernadora Layda Sansores, es un ejemplo preocupante. Aun cuando apelaron, la sentencia fue confirmada y ejecutada con toda la solemnidad que otorga el aparato judicial… pero sin la justicia que debería sostenerlo.

Aquí el problema trasciende lo personal. No se trata solo de un agravio a tres comunicadores, sino de un mensaje inquietante: si te atreves a criticar a un servidor público con nexos suficientes, el Poder Judicial puede ser usado para doblegarte y convertirte en ejemplo de escarmiento público.

En un Estado democrático, las figuras públicas deben soportar el escrutinio, la crítica y la sátira. Sin embargo, en Campeche y otros estados, vemos cómo gobernantes recurren a jueces y tribunales para blindarse de la incomodidad de la opinión contraria, disfrazando censura de “protección a la dignidad” o “violencia política de género”.

Más grave aún, el caso de Tribuna Campeche muestra hasta dónde puede llegar la voracidad del poder. Ordenar revelar datos del community manager y someter publicaciones a revisión judicial es una amenaza directa a la libertad de prensa y a la autonomía editorial. Es un precedente peligrosísimo.

No se puede ignorar que estas medidas nacen en un contexto de debilidad institucional. El Poder Judicial, en lugar de actuar como contrapeso, parece actuar como brazo ejecutor de quienes ostentan el poder político. Esto erosiona la confianza ciudadana y degrada la función esencial de la justicia.

El fenómeno no es exclusivo de Campeche. El episodio del término “Dato Protegido” muestra cómo las resoluciones judiciales pueden adquirir tintes absurdos. Lo que inició como una medida de privacidad terminó convertido en símbolo viral, reflejando el descontento social hacia un sistema que confunde protección con control del discurso.

Cuando las cortes imponen disculpas públicas o censuras preventivas, no solo se castiga al emisor del mensaje, sino que se intimida a toda la sociedad. La consecuencia es el autocontrol por miedo, el silencio por prevención, y una esfera pública cada vez más empobrecida en debate real.

En una democracia sana, la reparación del daño debe equilibrar la protección de derechos con la defensa de la libertad de expresión. Aquí vemos lo contrario: resoluciones que, con el pretexto de proteger, anulan el debate y favorecen el blindaje de políticos incapaces de enfrentar la crítica con argumentos.

Mientras el poder se siga usando para intimidar y acallar a ciudadanos y periodistas, la justicia dejará de ser un instrumento de equilibrio para convertirse en herramienta de represión. En ese momento, la sociedad no solo pierde su derecho a informar y opinar, sino también su capacidad de resistir abusos.