POLÍTICA EXPRÉS | • A un mes del asesinato de Alejandro Leyva, la FGR no ofrece resultados

Un mes después del asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, la Fiscalía General de la República parece haber convertido el silencio en estrategia. Atrajo el expediente, prometió investigar y desapareció del radar público. Para la familia, periodistas y organizaciones, la pregunta es inevitable: ¿qué está haciendo realmente la autoridad federal con este caso?

La contradicción es brutal. Mientras la Fiscalía de Oaxaca informó públicamente avances iniciales, reconstrucción de rutas, análisis de videos, evidencias, vehículos y un retrato hablado, la instancia federal ofrece prácticamente nada. No hay resultados judiciales conocidos, detenidos ni explicación convincente sobre el rumbo de la investigación.

Y aquí aparece el problema de fondo: la FGR no solamente investiga un asesinato; investiga el asesinato de un periodista que había denunciado amenazas previamente. La Defensoría de Oaxaca documentó que tanto la FGR como la fiscalía estatal recibieron solicitudes de protección que no fueron atendidas oportunamente.

Por eso resulta particularmente grave que, después del crimen, la autoridad federal vuelva a encerrarse en el hermetismo. Si antes falló la protección, ahora parece fallar la transparencia. Una institución que conoce los antecedentes de riesgo de la víctima debería explicar, por lo menos, qué líneas investiga, qué diligencias realiza y qué resultados ha obtenido.

La familia y los periodistas oaxaqueños tienen derecho a saber. No está pidiendo privilegios ni información que comprometa diligencias; está reclamando comunicación institucional. Gema Leyva Aguilar denunció este 22 de agosto que, a un mes del homicidio, prácticamente no existe contacto con la FGR. Eso, sencillamente, es inaceptable.

También resulta preocupante para el gremio periodístico. Cuando asesinan a un comunicador crítico y la respuesta federal consiste en el silencio, el mensaje que reciben otros periodistas es devastador: denunciar amenazas puede no servir de nada y, después de un asesinato, exigir justicia puede convertirse en otra lucha interminable.

La FGR debe entender que el hermetismo no equivale a eficacia. Una investigación seria puede y debe preservar información reservada, pero también comunicar avances verificables a las víctimas. Lo contrario alimenta sospechas, desconfianza y especulaciones, particularmente cuando existen antecedentes de amenazas, posibles omisiones institucionales y señalamientos relacionados con el ejercicio periodístico.

Es cierto que una investigación criminal no se resuelve mediante conferencias de prensa. Tampoco debe convertirse en espectáculo. Pero entre el espectáculo y el silencio absoluto existe una obligación elemental de rendición de cuentas. La Fiscalía federal no puede escudarse indefinidamente en la secrecía para justificar que nadie conozca resultados.

Los periodistas oaxaqueños tienen razón al señalar la diferencia. La Fiscalía estatal, pese a sus propias responsabilidades y cuestionamientos, ofreció información sobre las primeras diligencias; la FGR, después de atraer el caso, ha dejado un vacío informativo total. Esa comparación es incómoda, pero necesaria: quien atrajo el expediente debe demostrar que puede hacer más, no menos.

A un mes del asesinato, el caso de Alejandro Leyva no necesita promesas de escritorio. Su familia necesita justicia y el periodismo mexicano necesita resultados. La FGR tiene una responsabilidad enorme: demostrar que la atracción federal no fue simplemente un cambio de oficina, sino el inicio de una investigación capaz de identificar y llevar ante la justicia a autores materiales e intelectuales del este abominable crimen.