Pobreza y engaños de empleos bien remunerados empujan a jóvenes de #Oaxaca a ingresar al crimen organizado
En Oaxaca, la delincuencia organizada ha intensificado el reclutamiento consentido o forzado de jóvenes en pobreza y pobreza extrema, pese a los programas sociales del gobierno federal. Adolescentes y jóvenes son enganchados mediante engaños que prometen mejorar la situación económica de sus familias, sin dimensionar que ingresan a un ciclo de violencia difícil de abandonar.
Organizaciones civiles advierten que la mayoría de las víctimas son captadas sin consentimiento real. Las ofertas incluyen empleo bien pagado, protección o estabilidad económica, pero derivan en actividades delictivas como halconeo, transporte de drogas, extorsión o sicariato, con alto riesgo de muerte, prisión o desaparición forzada.
El fenómeno no es exclusivo de Oaxaca, pero en la entidad se agrava por la pobreza estructural. A nivel nacional se estima que decenas de miles de jóvenes son reclutados cada año, principalmente entre los 13 y 18 años, considerados “mano de obra desechable” por los grupos criminales.
Aunque Oaxaca representa una proporción menor frente a estados del norte, el reclutamiento ha crecido de forma sostenida desde 2020. Las regiones de la Costa y el Istmo concentran los mayores casos, debido a su ubicación estratégica como corredores para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
Según informes consistentes de la organización Red Lupa (del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia), basados en datos oficiales, entre 2020 y 2025 se estima que entre mil y mil quinientos jóvenes oaxaqueños han sido reclutados por organizaciones criminales. La mayoría proviene de comunidades indígenas y rurales, donde la falta de empleo, educación y servicios básicos facilita que las promesas económicas resulten creíbles y atractivas.
El método más común es el engaño. Falsas ofertas laborales circulan en redes sociales, videojuegos en línea o a través de conocidos. Se prometen pagos muy superiores al salario mínimo y la posibilidad de “sacar adelante” a la familia, explotando la urgencia económica y el hambre.
El reclutamiento forzado también existe. Incluye secuestros, amenazas directas a familiares o coacción en comunidades bajo control criminal. En varios casos, las víctimas desaparecen y sus expedientes son clasificados oficialmente como secuestros o ausencias, lo que contribuye a un grave subregistro.
La Fiscalía estatal carece de cifras anuales precisas sobre este delito. Colectivos y ONGs estiman que solo una quinta parte de los casos llega a denunciarse, debido al miedo, la desconfianza en las autoridades y la posible colusión institucional con grupos delictivos.
Especialistas advierten que más de treinta mil menores en Oaxaca se encuentran en alto riesgo de ser reclutados. Sin acciones preventivas focalizadas, una proporción significativa podría ser captada cada año, reproduciendo un ciclo de violencia que impacta directamente en el tejido social comunitario.
Organismos defensores de derechos humanos insisten en que la solución no es solo policial. Urgen políticas de prevención, atención a la pobreza juvenil, alertas en escuelas y vigilancia digital, además de tipificar el reclutamiento como delito grave, para frenar una práctica que roba el futuro de miles.
