
Pese a fisuras, sin riesgos los usuarios del Paso Exprés: SCT
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aseguró que no existen riesgos para los usuarios del “Paso Exprés”, específicamente en el Puente Palmira, en el que la Dirección de Protección Civil en Morelos detectó al menos cinco daños, entre filtraciones y fisuras en las columnas.
Expertos de la dependencia comentaron que “se trata de una supervisión normal que hace protección civil”, que “el puente no tiene riesgo” y que la dependencia está verificando el tema del mantenimiento.
Por lo anterior, la SCT minimizó las advertencias de Carlos Mojica Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Responsables de Obra y Corresponsables, en el sentido de que “hay una situación de riesgo grave que hay que atender”.
En principio, se observó confusión respecto de la instancia responsable del tramo en el que se ubica en Puente Palmira, dado que a finales del 2018, por acuerdo de la SCT con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, se eliminaron las contenciones que dividían ese tramo de la Autopista México-Acapulco con el libramiento Paso Exprés.
De esta forma, una vez que la construcción fue realizada por la SCT y Banobras, la administración de un tramo quedó bajo la responsabilidad de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Sin embargo, Capufe precisó que, específicamente el tramo del Puente Palmira sigue bajo la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El Paso Exprés es una de las obras más onerosas, complejas y tardadas en su ejecución: 28 meses, cuando originalmente estaba planeada para ser terminada en 18 meses, hacia mediados del 2016; sin embargo, se puso en operación parcial el 1 de abril del 2017.
Su costo original se estimó en mil 050 millones de peso, pero la erogación real fue de 2 mil 200 millones de pesos, independientemente del costo de la reparación.
El 12 de julio de 2017, a tres meses de su inauguración, ocurrió el socavón que provocó la caída de un automóvil y el fallecimiento de dos personas y el posterior reconocimiento de la propia SCT, de peritos independientes y la de Secretaría de la Función Pública que hubo irregularidades, omisiones y sobre costos; sin que a la fecha haya sanciones, ni culpables, ni constructoras inhabilitadas, ni funcionarios a los que se haya fincado responsabilidades.
La Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades en la licitación y adjudicación; pagos en exceso, trabajos ejecutados sin comprobaciones, así como omisiones a recomendaciones técnicas y un total de 22 observaciones a 4 contratos por un “monto observado “de mil 034 millones de pesos.
Esta nota originalmente se publicó en Excélsior

