Paran clases estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico de Pochutla; exigen auditoría a directivos
Desde el pasado 18 de marzo, el Instituto Tecnológico de Pochutla se encuentra en paro indefinido. Estudiantes y docentes han decidido suspender actividades como medida de protesta ante las deficiencias en infraestructura, la falta de equipamiento adecuado, la opacidad en el manejo de recursos y la ineficacia administrativa. Exigen la destitución del director Jorge Armando Hernández Valencia y de la subdirectora administrativa Celia Cipriano Matus, a quienes responsabilizan de la crisis que atraviesa la institución.
La comunidad estudiantil denuncia que las condiciones del plantel no son aptas para el desarrollo académico. Entre las principales carencias mencionan la falta de sanitarios en funcionamiento, la inexistencia de una cafetería adecuada, problemas con la conexión a internet y la insuficiencia de mobiliario y equipo en laboratorios. Aseguran que, pese a sus constantes solicitudes, las autoridades han hecho caso omiso a sus demandas, lo que ha llevado a este escenario de inconformidad generalizada.
El deterioro de las instalaciones es otro punto central de las quejas. A quince años de su creación, el Tecnológico de Pochutla enfrenta graves problemas estructurales, con edificios en mal estado e incluso dos inmuebles completamente inoperantes. Los estudiantes demandan una revisión exhaustiva de la infraestructura y soluciones inmediatas para garantizar espacios dignos de aprendizaje. Además, exigen la reparación de equipos básicos como proyectores, aire acondicionado y tuberías dañadas.
En cuanto al uso de los recursos financieros, los inconformes piden transparencia y una auditoría general. Denuncian que, aunque la institución recibe aproximadamente 10 millones de pesos al año para proyectos e infraestructura, además de entre 100 y 200 mil pesos mensuales de ingresos propios, estos montos no se reflejan en mejoras para el plantel. Consideran que hay un mal manejo del presupuesto y posibles actos de corrupción.
Las quejas también se extienden hacia algunos docentes, como el caso de Mario Vargas, señalado por estudiantes de exigir trabajos personales en su domicilio a cambio de calificaciones aprobatorias. Asimismo, se acusa a la administración de prácticas irregulares en la asignación de plazas, favoreciendo a ciertos empleados sin respetar el escalafón ni la antigüedad del personal.
El malestar no solo afecta a los alumnos, sino también a los docentes, quienes han denunciado la precarización laboral, bajos sueldos y la rotación injustificada de puestos. Sergio Gómez Callejas, Jefe de Actividades Extraescolares, ha señalado que la falta de condiciones óptimas impacta directamente en la calidad educativa, afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje y perjudicando a la comunidad estudiantil.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, el conflicto se intensifica. Los manifestantes aseguran que el director ha amenazado a quienes participan en la protesta con represalias académicas y personales. Además, sostienen que Hernández Valencia y Cipriano Matus mantienen vínculos familiares con Jorge Santos Valencia, funcionario del Tecnológico Nacional, lo que les ha permitido mantenerse en sus cargos pese a las denuncias. Padres de familia han expresado su apoyo a la lucha estudiantil, exigiendo un saneamiento financiero y la destitución de los directivos.
