Otro acarreo: llevan alumnos de los Cobao para llenar una parte del Parque Primavera para la “Clase nacional de boxeo”

Otro acarreo: llevan alumnos de los Cobao para llenar una parte del Parque Primavera para la “Clase nacional de boxeo”

La comunidad educativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) ha manifestado una creciente indignación luego de la movilización forzada de cientos de estudiantes a una clase nacional de boxeo. El evento, organizado por el gobierno federal y transmitido desde el Parque Primavera, generó controversia por la manera en que se involucró a los jóvenes sin su consentimiento pleno.

De acuerdo con diversas publicaciones en la red X, antes Twitter, por instrucciones de la Dirección General del COBAO, encabezada por Angélica García Pérez, alumnos de al menos once planteles de los Valles Centrales fueron trasladados en autobuses oficiales. Escuelas como Güila, Tlacolula, Pueblo Nuevo, El Tule, Nazareno, Huitzo, San Pedro Mártir, San Bartolo Coyotepec, San Antonio de la Cal y Ejutla participaron en esta movilización. En varios casos, los planteles tuvieron que cubrir el gasto de transporte con sus propios recursos debido a la falta de apoyo institucional.

Más allá del uso político de la educación, se denuncian condiciones inadecuadas para los estudiantes durante el evento. Los jóvenes permanecieron por horas bajo el sol sin acceso a agua ni alimentos. Además, algunos declararon que fueron presionados con amenazas, como negarles su carta de buena conducta o el certificado de estudios si no asistían, y que incluso se les ofrecieron calificaciones a cambio de su participación.

La situación ha provocado la indignación de padres de familia, docentes y diversos sectores de la sociedad civil, quienes acusan un uso proselitista de los estudiantes. Señalan que esta movilización responde a una estrategia del gobierno federal para aparentar respaldo popular, especialmente frente a la presencia de la secretaria de Educación Pública de Oaxaca, Delfina Guzmán.

El uso de jóvenes, recursos públicos y mecanismos de presión institucional con fines políticos constituye una grave falta a la ética y a los derechos humanos. Se exige una explicación pública por parte de Angélica García Pérez, así como sanciones por los abusos cometidos. La comunidad educativa insiste en que la educación debe mantenerse al margen de cualquier interés político.

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