Otra más de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, con el mismo alcalde del caso Diego Paz
Un nuevo episodio de presunto abuso policial en Santa Lucía del Camino ha generado indignación en la comunidad, luego de que el activista LGBTQ+ José Enrique Bazán Pérez denunciara un trato violento y homofóbico durante su detención. Con el rostro marcado por moretones y heridas visibles, Bazán Pérez relató ante la prensa cómo fue agredido y humillado por elementos de la Policía Municipal tras un incidente frente a una tienda local.
Los hechos se desencadenaron cuando, tras acompañar a sus familiares a cenar en las inmediaciones de una tienda Oxxo, el activista recibió la noticia de que su sobrino estaba siendo agredido por la policía. Alarmado por la situación, Bazán Pérez se apresuró a averiguar qué ocurría, lo que lo llevó a entablar una discusión con los agentes, quienes según su versión, no ofrecieron explicaciones y reforzaron su accionar con la llegada de más patrullas.
La confrontación escaló rápidamente: los oficiales lo subieron a la batea de una patrulla y lo trasladaron a los separos de la Policía Municipal. Durante el forcejeo, lo golpearon en el estómago, el rostro y las rodillas, y le profirieron insultos despectivos, cuestionando sin fundamentos su relación con su sobrino. El uso desmedido de la fuerza y la ausencia de razones claras han sido denunciados por Bazán Pérez como una actuación inhumana.
Dentro de los separos, el activista fue obligado a adoptar diversas posiciones antes de ser confinado en una celda, donde llegó al punto de desmayarse por el frío y el estrés, sin que le brindaran atención médica. Además, reveló la difusión de un video en el que se le presenta como defensor de delincuentes y se le tacha de “amante de su sobrino”, maniobra que, según él, busca desprestigiarlo y revictimizarlo, incrementando su vulnerabilidad psicológica y emocional.
Finalmente, tras múltiples súplicas, Bazán Pérez consiguió comunicarse con una amiga vinculada al edil Juan Carlos García Márquez, quien le indicó que podría salir, pero bajo la condición de “dejar las cosas hasta ahí”. En una oficina le ofrecieron mil pesos en lugar de cumplir las horas de arresto o abonar una multa. El activista, reconocido en la comunidad y siempre respetuoso con sus vecinos, lamentó la inacción de las autoridades municipales y, junto con otros miembros de la comunidad, exige justicia ante lo que califican de abuso de poder y discriminación sistemática.
El caso del activista Bazán Pérez no es un caso aislado. El pasado 1 de septiembre de 2024, el estudiante de la Universidad Anáhuac de Oaxaca, Diego Ignacio Paz, fue asesinado a tiros por elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía en un alcoholímetro.
El puesto de revisión estaba ubicado en la periferia de la capital del estado, en el municipio de Santa Lucia. Ante ese hecho, que se configuró judicialmente como ejecución extrajudicial, colectivos y organizaciones demandaron justicia. Además de sancionar a los presuntos responsables, también pidieron un castigo ejemplar contra los mandos policiales y el alcalde Juan Carlos García Márquez, lo que no se ha cumplido.
