Organizaciones de derechos humanos exigen justicia por el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca
La Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO) y más de quince organizaciones civiles emitieron un comunicado este martes en el que manifiestan su preocupación, indignación y rechazo ante la escalada de violencia en la entidad. Denuncian la omisión del Estado para aplicar justicia en los asesinatos de defensores de derechos humanos, autoridades municipales y agrarias, mujeres y periodistas.
El texto destaca el brutal asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio en San Pablo Etla. Leyva Aguilar había denunciado amenazas en su contra, atribuibles al Poder Ejecutivo estatal, del cual era un crítico abierto. Las organizaciones consideran inadmisible que el discurso oficial de respeto a la libre expresión no haya impedido este crimen.
Asimismo, rechazan las amenazas de muerte dirigidas al periodista Pedro Matías Arrazola, corresponsal de la revista Proceso, quien ejerce su labor con alto compromiso por los derechos humanos. Matías recibió intimidaciones en redes sociales días después del homicidio de su colega, lo que genera alarma adicional en el gremio.
Oaxaca ocupa el quinto lugar nacional como el más peligroso para ejercer el periodismo y el primer sitio en casos de tortura con expedientes abiertos ante la Fiscalía General de la República, según reconoció la propia Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. También encabeza la lista de homicidios contra activistas y defensores del territorio y el medio ambiente, en su mayoría pertenecientes a pueblos originarios.
En su segundo informe, presentado en marzo de este año, la ACDHO ya había documentado agresiones sistemáticas, desplazamiento forzado y afectaciones por megaproyectos y extractivismo. Advirtió sobre los altos niveles de impunidad y el riesgo latente que enfrentan quienes defienden derechos humanos, riesgo que se materializó con el reciente asesinato del periodista.
Ante estos hechos, las organizaciones exigen que el caso de Alejandro Leyva Aguilar no quede impune, que se esclarezcan los hechos conforme a los estándares del derecho a la comunicación y la libre expresión, y que se sancione a los responsables. Piden además la solidaridad de organismos internacionales de derechos humanos para acompañar el proceso de investigación y sanción.
