Omisiones del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y de autoridades estatales, causa principal del derrumbe en obra de Fibra Danhos

El derrumbe del muro perimetral de contención de la futura Plaza Parque Oaxaca, ocurrido entre el viernes 21 y sábado 22 de agosto, difícilmente puede reducirse a un accidente provocado por las lluvias. Las evidencias y denuncias vecinales describen una cadena de fallas progresivas que durante meses fueron visibles: grietas, hundimientos, socavones, filtraciones, daños en drenajes y desprendimientos de tierra.

La obra de Fibra Danhos se desarrolla en el antiguo predio del Hotel Misión de los Ángeles, entre Calzada Porfirio Díaz, Nezahualcóyotl y Eucaliptos, en la colonia Reforma de Oaxaca capital. La excavación, de hasta cuatro niveles para estacionamiento subterráneo, modificó las condiciones del terreno y generó afectaciones que, según vecinos, comenzaron a aparecer desde marzo y abril, cuando iniciaron los trabajos profundos.

Desde entonces, habitantes de la zona documentaron grietas en al menos 20 viviendas colindantes, daños en banquetas, jardineras y redes de drenaje, además de presuntas invasiones o apropiaciones de espacios públicos. Las advertencias no surgieron después del derrumbe: fueron reiteradas mientras la excavación avanzaba y las señales de inestabilidad se multiplicaban alrededor del perímetro, pero el gobierno municipal que preside Raymundo Chagoya Villanueva hizo caso omiso a las denuncias vecinales.

En junio aparecieron desprendimientos de tierra y socavones sobre la calle Eucaliptos. La empresa colocó sardineles de concreto y encementó jardineras de la banqueta para contener filtraciones hacia la excavación, mientras vecinos advertían sobre modificaciones en el flujo del agua y posibles riesgos de inundación. La respuesta oficial, sin embargo, fue la omisión: no evitó que el problema siguiera escalando.

El deterioro se hizo todavía más evidente a principios de agosto. Alrededor del día 7, un socavón de consideración en Eucaliptos obligó a acordonar la zona con cinta preventiva y barreras de madera. Cuatro días después, el 11 de agosto, aumentaron las grietas del pavimento y los daños en conexiones de drenaje. Para entonces, las condiciones exigían una intervención preventiva rigurosa, no esperar a que el terreno cediera.

El 18 de agosto ocurrió otro hecho particularmente relevante: personal de Servicios de Agua (SOAPA) realizó trabajos para reparar una fuga de agua potable en una tubería de cuatro pulgadas, en Las Rosas esquina Eucaliptos. La presencia de una fuga, los hundimientos y la excavación profunda constituían elementos que debieron obligar a una evaluación integral del comportamiento del subsuelo y de las estructuras de contención.

Pero el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, encabezado por Chagoya Villanueva, reaccionó sólo después del colapso. Tras el derrumbe, anunció inspecciones conjuntas y solicitó estudios de mecánica de suelos, impacto vibracional, gestión de riesgos y memoria de cálculo estructural. La pregunta inevitable es por qué esos estudios y verificaciones no fueron exigidos con la misma urgencia cuando aparecieron las primeras señales de peligro.

El desplome finalmente arrastró toneladas de tierra hacia el interior de la excavación y afectó aproximadamente 25 metros del muro hacia Nezahualcóyotl. En las vialidades quedaron hundimientos, grietas, zanjas, lodo y zonas socavadas, con vehículos atascados y circulación restringida por Protección Civil. El problema dejó de ser exclusivamente una contingencia dentro de una obra privada y se convirtió en una emergencia urbana.

De acuerdo con las denuncias vecinales, la responsabilidad que debe investigarse no corresponde únicamente a la empresa constructora. También debe revisarse la actuación del Ayuntamiento, de Protección Civil y de los organismos responsables del agua y saneamiento.

Si las autoridades conocieron o debieron conocer las denuncias, grietas, socavones, fugas y desprendimientos, su obligación era inspeccionar, prevenir, ordenar medidas correctivas y, en su caso, imponer sanciones antes de que ocurriera el colapso.

Protección Civil tampoco puede limitarse a restringir calles después del derrumbe. Su función preventiva exige identificar riesgos, verificar condiciones de seguridad y exigir medidas para evitar que una obra represente peligro para la población. Si existieron reportes previos y señales visibles de inestabilidad, deberá establecerse quién los recibió, qué inspecciones realizó, qué determinó y por qué las medidas adoptadas resultaron insuficientes.

En el caso de SOAPA y las áreas responsables de infraestructura hidráulica, la reparación de la fuga del 18 de agosto adquiere especial importancia. Si existían filtraciones, fugas o alteraciones en las redes cercanas a una excavación profunda, era indispensable determinar si el agua estaba contribuyendo a la pérdida de estabilidad del terreno. La explicación oficial de una posible acumulación de agua por lluvias y fallas en tuberías no exime responsabilidades: obliga precisamente a determinar quién debía prevenirlas.

Las consecuencias tampoco terminan en las calles afectadas. Las grietas y daños reportados en viviendas e inmuebles colindantes plantean la necesidad de dictámenes estructurales independientes y exhaustivos. No basta con determinar cuánto material cayó dentro de la excavación; debe establecerse si los movimientos del terreno, vibraciones, hundimientos o modificaciones del drenaje comprometieron cimentaciones, muros, banquetas y propiedades particulares.

La secuencia es difícil de ignorar: excavación profunda, grietas en viviendas, daños en infraestructura urbana, desprendimientos, socavones, filtraciones, fuga de agua, nuevas grietas y finalmente el colapso. Cada señal representaba una oportunidad para intervenir. Si las autoridades no actuaron oportunamente, la tragedia potencial no fue producto exclusivo de la naturaleza, sino también de una prevención institucional que llegó demasiado tarde.

Ahora corresponde determinar responsabilidades administrativas, técnicas y, si los peritajes encuentran conductas constitutivas de delito, las consecuencias legales correspondientes. La empresa deberá responder por las condiciones de seguridad de la obra, pero las autoridades deberán explicar por qué permitieron que una situación advertida durante meses evolucionara hasta comprometer vialidades y posiblemente inmuebles de vecinos.

El Ayuntamiento de Raymundo Chagoya no puede presentar las inspecciones posteriores como prueba suficiente de actuación responsable. Precisamente esas inspecciones revelan que las autoridades tenían instrumentos para intervenir y ordenar estudios. Lo que debe esclarecerse es por qué esos mecanismos fueron activados después del derrumbe y no cuando los vecinos comenzaron a advertir que el suelo y las estructuras estaban fallando.

La prioridad ahora debe ser proteger a las propiedades circundantes, evaluar cada inmueble afectado, garantizar la seguridad de las vialidades y suspender cualquier actividad que incremente el riesgo. Pero también debe haber consecuencias. Una obra privada no puede avanzar a costa de la seguridad pública, y una autoridad municipal no puede esperar al colapso para descubrir que existía un peligro.

El caso de Plaza Parque Oaxaca representa, por tanto, una prueba para las autoridades municipales y estatales. Si los dictámenes confirman que los daños pudieron prevenirse, deberán sancionarse tanto las irregularidades de la obra como las omisiones de quienes tenían la obligación de supervisarla. La impunidad administrativa también construye riesgos: primero se toleran las señales y después se contabilizan los daños.

Lo ocurrido en la colonia Reforma deja una pregunta que Raymundo Chagoya, Protección Civil y las autoridades hidráulicas deben responder con documentos: ¿cuántas denuncias, inspecciones y advertencias fueron recibidas antes del derrumbe y qué hicieron concretamente para impedirlo? La respuesta permitirá saber si se trató de un accidente inevitable o del resultado de una cadena de negligencias.