Omisión y complicidades, detrás de la tragedia de la basura que vive el río Atoyac
La tragedia que vive el río Atoyac no es más que una larga historia de omisión y complicidades entre autoridades de los diversos niveles de gobierno.
Más de ocho mil toneladas de desechos asfixian aún más a ese afluente, el segundo más contaminado del país, cuya ribera se ha convertido durante los últimos siete meses en un gigantesco tiradero de basura, ante la permisibilidad de los gobiernos municipal, estatal y federal.
El hedor es insoportable y perceptible hasta medio kilómetro a la redonda. Caminar, respirar y comer entre basura, es la rutina a la que se han tenido que acostumbrar cientos de comerciantes, consumidores y ciudadanos que habitan o convergen a diario en las cercanías del mercado de madera del mercado de Abasto.
En ese lugar, desde septiembre del año pasado la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) instaló un tiradero clandestino en la zona conocida como El Playón.
La Secretaría de Servicios Municipales estima que, desde el día de su creación hasta el momento en la zona permanecen acumuladas más de ocho mil toneladas de basura, una cifra que crece día con día, pues ahí, durante la noche y la madrugada, continúan descargando las camionetas que a diario recogen desechos de manera particular en la mayoría de los 25 municipios de la zona metropolitana.
Si bien la acumulación de residuos sólidos en El Playón comenzó en septiembre de 2022 cuando la CATEM protestó porque sus unidades no pudieron ingresar más al tiradero que entonces funcionaba en el municipio de Zaachila, la contingencia se intensificó a partir del ocho de octubre, cuando el basurero fue cerrado definitivamente y ninguna autoridad municipal pudo hacer uso de él después de 40 años de operaciones.
Tras el cierre del tiradero, todo el servicio público de limpia de la zona metropolitana colapsó, pues los ayuntamientos quedaron sin un lugar en el cual depositar sus desechos.
El secretario de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Ferdinando Rosado Duarte, responsabilizó a los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino y San Jacinto Amilpas de tirar sus desechos en El Playón, lo que constituyen delitos estatales y federales.
El funcionario municipal consideró que para desarticular ese basurero clandestino es necesaria la intervención de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal, pero la autoridad de la ciudad, por sí sola, carece de la fuerza policiaca para enfrentar a la CATEM y mantener bajo resguardo la zona.
En tanto la secretaria del Medio Ambiente y Cambio Climático de Oaxaca de Juárez, Elisa Ortiz Rodríguez, indicó que el año pasado, cuando se comenzaron a tirar los primeros camiones de basura, pidió en cuatro mesas de trabajo la intervención del gobierno del estado y del gobierno federal para que a través de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal se resguardara la zona; sin embargo, aseguró, fue ignorada.
Lo cierto es que a ocho meses de que estallara la crisis de la basura tanto en la capital como en los municipios conurbados de la zona metropolitana no ha habido ninguna autoridad capaz de resolver el problema.
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