#Oaxaca: funcionarios cuestionados permanecen intocables en gabinete de Salomón Jara, pese a señalamientos públicos
A pesar de los cuestionamientos acumulados, varios integrantes del gabinete del gobernador Salomón Jara Cruz continúan en funciones sin cambios. Las críticas en su contra incluyen presuntas irregularidades administrativas, conflictos mal atendidos y decisiones polémicas, sin que el mandatario oaxaqueño se haya atrevido a relevarlos o aplicarle sanciones administrativas.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, ha sido señalado por confrontar a periodistas críticos, a quienes califica como “sicarios mediáticos”, si no se apegan a la narrativa oficial. Diversos sectores consideran que estas expresiones tensan la relación con la prensa y amedrenta el debate público en un estado marcado por conflictos sociales históricos.
Romero López también enfrenta reclamos por su actuación en conflictos comunitarios y agrarios, como el registrado en Amoltepec, donde un enfrentamiento dejó personas fallecidas y heridas. Habitantes de regiones como la Mixteca y la zona Triqui han acusado falta de atención oportuna para prevenir escaladas de violencia.
En la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, Víctor López Leyva es objeto de críticas por presuntos desvíos superiores a 46 millones de pesos mediante empresas fachada y facturación inflada. A ello se suma el manejo del gusano barrenador, que ha sido un desastre, con más de dos mil casos reportados.
Productores ganaderos han denunciado apoyos tardíos y costos elevados para enfrentar la plaga, situación que atribuyen a deficiencias operativas. Las observaciones públicas cuestionan la capacidad de la dependencia para contener la crisis sanitaria y garantizar transparencia en la aplicación de recursos destinados al campo.
La secretaria de Turismo, Saymi Pineda, ha sido señalada por presuntos sobreprecios en contratos, incluido el pago de más de 12 millones de pesos por un concierto de Julión Álvarez. También se mencionan gastos millonarios en artículos promocionales y eventos oficiales.
Al consejero jurídico Geovany Vázquez Sagrero se le atribuyen las consecuencias del decreto 24, que derivó en despidos masivos. Desde 2023, ex trabajadores mantuvieron protestas innecesarias y demandas de reinstalación, argumentando falta de diálogo institucional y afectaciones laborales sin rutas claras de solución.
Vilma Martínez Cortés, en Bienestar, enfrenta señalamientos por presunta opacidad y resultados limitados en programas sociales, mientras Noel Hernández Rito es cuestionado por supuesta influencia externa (Nino Morales) en Administración. En contraste, Leticia Elsa Reyes López no ha podido sancionar a un solo funcionario de la administración jarista, y persiste la exigencia ciudadana de resultados que no se observan.
