Oaxaca enfrenta crisis turística: falta de supervisión, abandono de rutas y corrupción dañan al sector estatal

Oaxaca enfrenta crisis turística: falta de supervisión, abandono de rutas y corrupción dañan al sector estatal

Mientras la titular de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda Velasco, celebra con entusiasmo la llegada de 117 mil turistas a los principales destinos del estado durante el reciente periodo vacacional de Semana Santa, una realidad sombría yace oculta tras las cifras alegres. El operativo implementado para garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes durante estas fechas críticas resultó un estrepitoso fracaso, con Huatulco, la joya turística de la entidad, como el epicentro de esta debacle.

En Santa Cruz Huatulco, precisamente donde el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, dieron el banderazo de inicio al Operativo Semana Santa 2025 con promesas de seguridad y protección para turistas y residentes, la temporada vacacional culminó con la dolorosa pérdida de cuatro vidas humanas. Tres de estos decesos ocurrieron en Santa Cruz Huatulco y uno más en San Miguel del Puerto. Lo más alarmante es que, en los primeros casos, la responsabilidad de estas tragedias recae directamente en la negligencia de las autoridades municipales, estatales y federales, en ese orden, y no en acciones imprudentes de los turistas. La ausencia de vigilancia adecuada en los espacios y servicios destinados a la recreación y el entretenimiento se erige como la causa principal de estos lamentables sucesos.

La secretaria Pineda, en su afán por destacar la afluencia masiva de visitantes, optó por silenciar o ignorar los graves errores que marcaron su gestión y la de las autoridades municipales. Una u omisión imperdonable fue la falta de previsión para asegurar la disponibilidad de servicios de emergencia eficientes y oportunos en caso de accidentes. Un incidente particularmente escalofriante tuvo lugar en la playa de San Agustín, un enclave paradisíaco dentro del destino, donde una turista perdió la vida de manera trágica debido a la insólita falta de un chofer para la ambulancia estacionada en la comunidad.

Este fatal desenlace se desencadenó a raíz de una colisión entre dos embarcaciones que remolcaban los populares inflables conocidos como “bananas”. La investigación posterior reveló que estas embarcaciones eran operadas por jóvenes inexpertos y, lo que es aún más grave, sin la supervisión adecuada por parte de la capitanía de puerto y la presidencia municipal, entidades directamente responsables de capacitar y vigilar la correcta operación de los servicios turísticos.

Sin embargo, la raíz del problema se hunde en la escasa atención que la Secretaría de Turismo, bajo la dirección de Saymi Pineda, una funcionaria que goza de la predilección y protección del gobernador Salomón Jara, dedica a la calidad y seguridad de los servicios turísticos en todo el estado. Esta falta de compromiso se manifiesta en diversos aspectos que impactan negativamente la experiencia de los visitantes.

En la capital oaxaqueña, por ejemplo, es notoria la escasez de personal bilingüe en los restaurantes, una carencia que contrasta con los estándares de otros destinos turísticos de primer nivel en el país, como Cancún, Los Cabos, Vallarta e incluso el propio Huatulco. Esta limitación lingüística dificulta la comunicación y la atención a los turistas extranjeros, mermando la calidad del servicio y la imagen del destino.

Mientras la secretaria Pineda centra sus esfuerzos en viajes internacionales de lujo, acompañada de un séquito numeroso cuyos resultados tangibles son prácticamente inexistentes, las valiosas rutas turísticas de Oaxaca languidecen en el abandono. Estas rutas, que abarcan la riqueza artesanal, la profunda fe religiosa, la imponente Sierra Juárez, la diversidad de la Costa, la exuberante Chinantla, la herencia de la Mixteca, el aroma del Café, la vitalidad del Istmo, la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera y la tradición del Mezcal, poseen un potencial inmenso para atraer a un mayor número de visitantes y dinamizar la economía local.

Sin embargo, estas joyas oaxaqueñas no han sido siquiera visitadas por la funcionaria responsable de su promoción y desarrollo, quien prefiere invertir los recursos de los contribuyentes en costosos viajes al extranjero, a menudo con acompañantes innecesarios y con destinos que parecen priorizar intereses personales sobre las necesidades del sector turístico estatal.

Prestadores de servicios turísticos de Oaxaca han expresado su profunda preocupación ante esta situación, señalando que Pineda Velasco tiene la obligación fundamental de supervisar de cerca todas las rutas turísticas del estado para comprender sus fortalezas, identificar sus desafíos y diseñar estrategias efectivas para su revitalización. No obstante, la realidad muestra una funcionaria ausente, más interesada en destinos internacionales asociados al turismo estético y de cirugías plásticas que en el vasto y diverso patrimonio turístico de Oaxaca.
La negligencia en la atención al turismo se suma a un clima de creciente inseguridad en la región. La otrora pacífica Crucecita, en la agencia municipal de Santa Cruz Huatulco, se ha convertido en un foco de desapariciones y ejecuciones a plena luz del día, según reportes de medios locales. La respuesta tibia e ineficaz de las autoridades ante esta escalada de violencia genera un ambiente de temor e incertidumbre que afecta tanto a los residentes como a los visitantes, erosionando la reputación del destino como un lugar seguro y tranquilo.


A pesar de la gravedad de los incidentes y los testimonios que evidencian la fragilidad de la seguridad en la zona, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos ha emitido comunicados que niegan categóricamente la ocurrencia de muertes de turistas en las playas de Oaxaca. Esta postura oficial contradice la información difundida por los medios de comunicación y los relatos de testigos presenciales, sembrando desconfianza y cuestionando la transparencia de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública.La alarmante falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la ausencia de políticas efectivas y coherentes para garantizar la seguridad en los destinos turísticos de Oaxaca no solo pone en riesgo la integridad física de los visitantes, sino que también representa una seria amenaza para la economía local, que depende en gran medida de la actividad turística.

La percepción de inseguridad puede generar una disminución significativa en la afluencia de turistas, afectando directamente a miles de familias que dependen de este sector para su sustento.
Ante este panorama desolador, resulta imperativo que las autoridades tomen medidas inmediatas y contundentes para abordar esta profunda crisis. Se requiere una revisión exhaustiva y urgente de los protocolos de seguridad existentes, una inversión significativa en la capacitación y el equipamiento de los servicios de emergencia, y la implementación de una estrategia integral y efectiva para combatir la creciente violencia en la región. Solo a través de acciones concretas, transparentes y coordinadas se podrá restaurar la confianza de los turistas y garantizar la seguridad de todos aquellos que visitan y residen en Huatulco y sus alrededores.


La sombra de la corrupción se cierne ominosamente sobre el gobierno de Oaxaca, especialmente entre los funcionarios más cercanos al gobernador. Recientes revelaciones realizadas en plena conferencia de prensa han expuesto presuntas irregularidades en la administración estatal, generando un clima de desconfianza y alimentando la percepción de impunidad. Sin embargo, la Secretaría de la Honestidad, la instancia encargada de investigar y sancionar actos de corrupción, ha permanecido inexplicablemente inactiva ante estos señalamientos.

El propio gobernador intentó abordar una de las acusaciones más resonantes durante una transmisión televisada, negando categóricamente que el concierto de un reconocido cantante de música regional mexicana se haya pagado a un precio inflado. Según sus declaraciones, el artista en cuestión nunca había cobrado una suma tan elevada por sus presentaciones, ni siquiera en el punto álgido de su carrera.

Sin embargo, los hechos contradicen las afirmaciones del mandatario. En 2023, el gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de Turismo, adjudicó de manera directa un contrato por la escandalosa suma de 12 millones 760 mil pesos para la presentación del cantante Julión Álvarez en el Auditorio Guelaguetza el 25 de julio, pocos días después de la celebración del tradicional Primer Lunes del Cerro. Diversas fuentes y usuarios de redes sociales alertaron de inmediato sobre un posible sobreprecio en el costo del evento, considerando las tarifas usuales del artista.


Según información difundida en redes sociales y por fuentes especializadas en la industria del entretenimiento, en 2023, Julión Álvarez cobraba habitualmente entre 1.5 y 3 millones de pesos por concierto. Esta enorme disparidad con el monto desembolsado por el gobierno estatal generó suspicacias inmediatas sobre el destino de los más de 9 millones de pesos restantes, reforzando la percepción de una corrupción descarada en la administración estatal.

Las redes sociales, que en su momento fueron calificadas como “benditas” por su papel en la denuncia de actos de corrupción y abusos por parte de servidores públicos, se convirtieron en la principal plataforma para exponer este presunto desfalco. Se señaló directamente a funcionarios de la Secretaría de Turismo de Oaxaca por haber manipulado la licitación e inflado la factura del concierto, lo que representaría un daño significativo al erario público.

A pesar del evidente sobreprecio, la Secretaría de Turismo no solo pagó la abultada suma, sino que también cobró por los boletos de los palcos A y B, con precios que oscilaron entre los 1,200 y los 2,000 pesos. Los boletos para los palcos C y D fueron entregados mediante la dinámica “Enmochilate”, donde los asistentes debían intercambiar una mochila por una entrada, generando aún más interrogantes sobre la gestión de los recursos y la transparencia del evento.


La indignación pública ante este presunto acto de corrupción no se hizo esperar. Numerosos usuarios de redes sociales exigieron una auditoría exhaustiva a la Secretaría de Turismo y a su titular, Saymi Pineda Velasco, cuestionando el destino de los fondos públicos y demandando la intervención inmediata de la Secretaría de la Honestidad para iniciar una investigación formal. Sin embargo, a más de un año de estos hechos, la dependencia encargada de velar por la transparencia y la rendición de cuentas no ha emprendido ninguna acción al respecto, alimentando la sensación de impunidad.

Fuentes especializadas en la industria del entretenimiento corroboraron la información difundida en redes, señalando que en 2023, las tarifas de Julión Álvarez por presentación oscilaban entre los 55 mil y los 140 mil dólares, lo que equivaldría a un máximo de 3 millones de pesos al tipo de cambio de ese momento. En comparación, un artista de similar popularidad como Christian Nodal percibía alrededor de 125 mil dólares por concierto, es decir, unos 2.5 millones de pesos. La comparación evidencia aún más lo desproporcionado del monto pagado por el gobierno de Oaxaca.

En su defensa durante una conferencia semanal, el gobernador negó enfáticamente que su administración hubiera desembolsado los más de 12 millones de pesos por el concierto de Julión Álvarez. “Este artista nunca cobró tanto, ni en sus mejores momentos”, aseguró el mandatario, intentando desvincularse de la polémica.
Sin embargo, al ser llamada a explicar la contratación, la secretaria de Turismo, Saymi Pineda Velasco, justificó la presentación del cantante argumentando que su participación en las festividades de la Guelaguetza tenía como objetivo primordial atraer turismo al estado. Aunque admitió haber autorizado el pago de la elevada suma, se limitó a asegurar que el proceso “fue autorizado y se realizó bajo licitación”, sin proporcionar detalles adicionales ni abordar directamente las acusaciones de sobreprecio.

Finalmente, la secretaria Pineda confirmó el pago de los 12 millones 760 mil pesos por el evento, sin emitir ningún comentario sobre el evidente sobreprecio del concierto. El presunto desfalco derivado de este contrato superaría los 9 millones de pesos, y a pesar del tiempo transcurrido, la Secretaría de la Honestidad no ha iniciado ninguna auditoría a la dependencia ni ha emprendido acciones legales contra los presuntos responsables.

Este no es el primer escándalo que salpica la gestión de Saymi Pineda Velasco al frente de la Secretaría de Turismo. En 2024, la funcionaria ya había sido señalada por presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto estatal, específicamente por inflar los costos en la contratación de adornos de papel para algunas calles de la ciudad de Oaxaca. Según denuncias de empresas dedicadas a esta actividad, se gastaron más de seis millones de pesos en un servicio cuyo costo real no superaba los 300 mil pesos, lo que evidencia una preocupante tendencia a la malversación de fondos públicos bajo la administración actual. Ante este cúmulo de negligencias, actos de corrupción y el evidente abandono de un sector crucial para la economía estatal, la abulia del gobernador de Oaxaca resulta aún más desconcertante y perjudicial para el futuro del turismo en la entidad.

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