Oaxaca, en plena crisis por desapariciones forzadas contra mujeres defensoras de derechos humanos
El estado de Oaxaca, conocido por su riqueza cultural y diversidad indígena, vive una crisis de desapariciones forzadas que afecta especialmente a activistas y mujeres defensoras de derechos humanos. En los últimos años, el incremento de casos, en su mayoría sin resolución, ha encendido las alarmas tanto a nivel nacional como internacional. Activistas como Sandra Domínguez, Claudia Uruchurtu e Irma Galindo han desaparecido en circunstancias que evidencian un contexto de impunidad y riesgos que enfrentan quienes defienden causas sociales y medioambientales.
El caso de Sandra Domínguez Martínez, abogada y defensora feminista del pueblo Ayuujk, marca un mes sin noticias. Junto con su esposo, Alexander Hernández Hernández, desapareció el 4 de octubre en la comunidad de María Lombardo de Caso, Oaxaca. La desaparición de Sandra ha generado amplia atención, en particular porque su activismo la llevó a denunciar la existencia de grupos misóginos en redes sociales donde funcionarios públicos compartían imágenes y comentarios denigrantes sobre mujeres indígenas.
Domínguez había denunciado en 2020 un chat de WhatsApp llamado “Sierra XXX”, donde participaban figuras políticas y funcionarios de distintos niveles. Como resultado, se destituyó a Rolando Vázquez Pérez, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y se le retiró a Humberto Santos su candidatura a una diputación local en Oaxaca. Sin embargo, nuevas evidencias de otro grupo llamado “Mega Peda”, con algunos de los mismos implicados, llevaron a Sandra a alzar la voz nuevamente, señalando al coordinador de delegados de Paz, Donato Vargas Jiménez, quien continúa protegido por el gobernador Salomón Jara Cruz y el secretario de Gobierno Jesús Romero López.
La respuesta de las autoridades ha sido insatisfactoria para los familiares de Sandra. A pesar de que el vehículo de la pareja fue hallado en Playa Vicente, Veracruz, el gobernador y otros funcionarios han minimizado las denuncias. El propio Salomón Jara declaró que existen “líneas de investigación fuertes” que apuntan al esposo de Sandra, sugiriendo vínculos con la delincuencia organizada, lo que ha sido percibido como un intento de desviar la atención de las acusaciones hacia funcionarios estatales.
Un patrón de impunidad y persecución
El caso de Sandra Domínguez no es aislado; las desapariciones de Claudia Uruchurtu e Irma Galindo en 2021 muestran un patrón alarmante de violencia hacia defensoras de derechos humanos en Oaxaca. Claudia Uruchurtu, una activista británico-mexicana, desapareció el 26 de marzo de 2021 tras participar en una manifestación contra la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, quien fue detenida, pero recientemente se le reclasificaron los cargos para favorecer su liberación.
La desaparición de Irma Galindo Barrios, activista Ñuu Savi defensora del bosque, es otro ejemplo de la falta de garantías para la labor de defensoras en Oaxaca. Irma denunció la tala ilegal y los incendios provocados por grupos armados en su comunidad en San Esteban Atatlahuca. Su desaparición ocurrió días después de sus denuncias, lo que evidencia los riesgos de enfrentar al poder en contextos donde las instituciones no han actuado para proteger a quienes defienden sus derechos.
Denuncias ante organismos internacionales
Ante la falta de respuesta efectiva del Estado mexicano, las desapariciones de Sandra, Claudia e Irma han sido elevadas a organismos internacionales. Estas denuncias han llegado al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Sin embargo, el gobierno mexicano ha sido omiso en cumplir las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que perpetúa la inseguridad para las defensoras de derechos humanos.
La crisis de violencia de género en Oaxaca
La violencia de género y la impunidad continúan cobrando vidas en Oaxaca. Durante el gobierno del actual gobernador Salomón Jara Cruz, se han registrado 189 asesinatos de mujeres. Organizaciones como el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) han documentado las muertes violentas, señalando que muchas de ellas han quedado sin resolver.
La lucha de Sandra Domínguez incluye también la búsqueda de justicia para otras mujeres, como Fany Guadalupe, víctima de feminicidio, y Zayra Leticia, desaparecida de forma forzada. En cada caso, los familiares enfrentan una batalla cuesta arriba para exigir respuestas de un sistema de justicia que ha sido incapaz de ofrecerlas.
Búsqueda y resistencia de las familias
Para las familias de las defensoras desaparecidas, la indiferencia del gobierno es inaceptable. Kenia Domínguez, hermana de Sandra, ha manifestado su indignación en reiteradas ocasiones y mantiene la esperanza de que su hermana vuelva con vida. La madre de Sandra, Araceli Martínez, exige respuestas al gobierno y declara que su única petición es que su hija sea encontrada con vida. Estas voces de resistencia buscan romper con la apatía institucional y señalan la falta de sensibilidad de las autoridades, quienes, incluso frente a sus reclamos, han cerrado las puertas del Palacio de Gobierno.
Violencia e impunidad sin fin
La situación de violencia e impunidad en Oaxaca plantea preguntas profundas sobre el rol del Estado en la protección de las defensoras de derechos humanos. Las desapariciones de Claudia Uruchurtu, Irma Galindo y Sandra Domínguez representan una crisis de derechos humanos y subrayan la falta de mecanismos eficaces para la búsqueda y localización de personas desaparecidas en México. Frente a un gobierno que ha mostrado apatía y protección a los acusados, el llamado de las familias de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos es la exigencia de justicia para las defensoras y una solución real al problema de las desapariciones en Oaxaca.
