Morena y Jara secuestran la elección de revocación de mandato en #Oaxaca e imponen tiempos al IEEPCO
Aunque la ley electoral prohíbe que partidos y gobiernos participen en la recolección de firmas para la revocación de mandato, Morena Oaxaca articuló una red denominada “Que Siga la Primavera”, operada desde estructuras estatales, congresistas y alcaldes de al menos 386 municipios, para reunir más de 600 mil firmas entregadas al Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
Documentos, videos y testimonios revisados en redes sociales y medios locales revelan que esta red no funcionó como un movimiento ciudadano, sino como una operación política coordinada desde el gobierno de Salomón Jara. La estructura habría utilizado recursos públicos, personal y tiempos laborales para alcanzar las metas impuestas desde Palacio de Gobierno.
La red “Que Siga la Primavera”, presentada como civil, está integrada en realidad por militantes, exfuncionarios y operadores de Morena, varios con cargos recientes en el Congreso y dependencias estatales. Su intervención viola la ley de revocación, que prohíbe explícitamente la participación partidista para garantizar un proceso imparcial, auténtico y ciudadano.
Los reportes más graves refieren presiones directas a burócratas y trabajadores de confianza. Secretarios de despacho y jefes de área habrían instruido verbalmente a empleados a recolectar entre diez a veinte firmas cada uno, bajo amenazas de despido, congelamiento salarial o evaluaciones laborales negativas si no cumplían con las cuotas asignadas.
Un video difundido en la red X muestra a un funcionario de confianza — grabado sin que se percatara — admitir que “el gobernador dio línea” para impedir que avance cualquier firma contraria a Jara. La grabación describe reuniones internas, donde se coordinan rutas, responsables y metas específicas para construir una red de control político estatal.
Alcaldes morenistas también habrían sido convocados a reuniones en Oaxaca de Juárez para presentar avances, cuotas y listas de firmas obtenidas. Fuentes indican que José Antonio Rueda, coordinador de asesores del gobernador, prometió beneficios presupuestales y apoyos federales a quienes cumplieran los porcentajes de ratificación exigidos en cada región.
En contraste, alcaldes opositores denunciaron amenazas de auditorías, sanciones administrativas y retención de participaciones federales si no colaboraban con la operación. Algunos municipios del Istmo y la Costa reportaron exigencias de asistir a mítines oficiales con listas de verificación como condición para mantener proyectos o convenios vigentes con el estado.
La operación política se extendió a colaboradores municipales, obligados a asistir a eventos pro-gobierno para “mostrar lealtad”. Videos publicados por @MeganoticiasSCR exhiben cómo personal de ayuntamientos, incluso de áreas técnicas, fue convocado para llenar módulos de apoyo a Jara, pese a que estas actividades violan la normativa electoral.
Aunque la recolección ciudadana organizada por el comité “Que siga la primavera” superó las 640 mil firmas, el gobierno estatal montó una campaña paralela para potenciarla. La estrategia incluye módulos públicos, brigadas móviles y actos masivos donde burócratas deben presentarse obligatoriamente, disfrazados de participación “voluntaria”.
Especialistas advierten que la intervención partidista y gubernamental constituye un secuestro institucional del proceso, que debía ser ciudadano. La red “Que Siga la Primavera” permite a Morena influir tanto en la validación de firmas como en la narrativa pública, reduciendo la autonomía del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), cuya vulnerabilidad crece entre cuestionamientos.
El IEEPCO, debilitado por recortes y presiones políticas recientes contra su titular, ha sido criticado por su incapacidad para frenar la intromisión del Ejecutivo. Opositores señalan que el instituto opera bajo dominio morenista, lo que dificulta garantizar que la revisión de firmas, el padrón y la organización de la consulta se realicen con neutralidad.
La Suprema Corte invalidó en noviembre los “candados” impulsados por Jara para dificultar la revocación, como exigir firmas en el 10% de los municipios. Tras ese revés, el gobierno habría acelerado la red paralela para asegurar un proceso controlado, donde la consulta funcione más como ratificación anticipada que como evaluación ciudadana.
Militantes de Morena involucrados, como Keyla Vargas y Melisa Cruz, evaden preguntas sobre intervención partidista, aunque admiten haber trabajado previamente en estructuras oficiales. Argumentan que “ser militante no impide ser ciudadano”, una interpretación que especialistas consideran una estrategia para encubrir participación ilegal del aparato político.
Organizaciones civiles advierten que el proceso corre el riesgo de convertirse en un referéndum manipulado desde el poder, donde la ciudadanía participa bajo presiones laborales y clientelares. La manipulación del ejercicio democrático, señalan, podría anular su legitimidad y abrir la puerta a nuevas impugnaciones ante tribunales federales.
Si el IEEPCO valida las firmas, la consulta podría realizarse en enero de 2026, como busca Morena y Jara, tiempo que ya fue invalidado por la SCJN. Sin embargo, las denuncias de coacción, uso indebido de recursos públicos e intervención partidista ponen en entredicho la imparcialidad del proceso. Opositores afirman que Morena ha secuestrado la revocación, violando leyes y debilitando la democracia oaxaqueña.
