Minigubernatura, acto misógino del gobierno de Salomón Jara avalado por Suprema Corte: Consorcio
La organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca emitió un pronunciamiento en el que rechaza la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar el Decreto número 1624. Este decreto reforma la Constitución de Oaxaca y establece que las elecciones locales se celebrarán a la par de los comicios federales, lo que implica que quien gane la gubernatura en 2028 ocupará el cargo por solo dos años.
Para Consorcio, esta resolución cobra especial relevancia porque coincide con que, por alternancia de género, en 2028 debería asumir una mujer como titular del Poder Ejecutivo Estatal. En su pronunciamiento, la organización calificó la decisión como un acto misógino que atenta contra los derechos políticos de las mujeres, al reducir el periodo de la próxima administración en contraste con los seis años que históricamente han ocupado los gobernadores hombres.
La organización destacó que esta reforma constituye violencia política en razón de género, ya que limita y bloquea la participación de las mujeres en uno de los poderes públicos más relevantes: la gubernatura. Argumentaron que la medida busca desincentivar la llegada de una mujer al cargo bajo condiciones equitativas y cuestionaron las motivaciones detrás de la reforma.
En diciembre de 2023, el Congreso de Oaxaca aprobó esta reforma constitucional por mayoría de votos, justificándola con la necesidad de homologar las elecciones locales con las federales. Sin embargo, Consorcio señaló que esta iniciativa fue promovida por el gobernador Salomón Jara, a quien acusan de implementar estrategias que perpetúan el patriarcado y limitan el avance de la paridad de género en la política estatal.
“Sabemos que detrás de este discurso tramposo se esconde el patriarcado”, enfatizó la organización en su comunicado. También señalaron que esta decisión contradice los avances legislativos y sociales logrados en favor de los derechos políticos de las mujeres, afectando negativamente la representación femenina en cargos de alto nivel.
Finalmente, Consorcio hizo un llamado a la sociedad y a las instituciones a reconocer este acto como una forma de violencia estructural y a exigir que se respeten los derechos políticos de las mujeres. Insistieron en la necesidad de garantizar condiciones de igualdad en el acceso a los cargos públicos y en frenar cualquier intento por limitar la participación de las mujeres en la vida política del estado.
