Mayoría de mexicanos desconfía de investigación oficial y acusa minimización política tras tragedia del Tren Interoceánico
A casi tres semanas del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que dejó 14 personas muertas, el caso comienza a diluirse de la agenda pública. La investigación oficial avanza lentamente, mientras crece la percepción ciudadana de opacidad, minimización gubernamental y ausencia de responsabilidades claras por una tragedia evitable.
La más reciente encuesta de la firma México Elige revela un marcado escepticismo social sobre el manejo del accidente. Para más de la mitad de los mexicanos, el gobierno federal no ha actuado con la seriedad que ameritaba un siniestro de tal magnitud, privilegiando el control político del daño antes que la transparencia.
De acuerdo con el sondeo, 55.1 por ciento de los encuestados considera que la administración de Claudia Sheinbaum ha intentado minimizar la gravedad del descarrilamiento para evitar costos políticos. Esta percepción contrasta con el discurso oficial, que insiste en tratar el hecho como un incidente aislado y bajo control institucional.
En sentido opuesto, 36 por ciento de los participantes en la encuesta cree que el gobierno no ha minimizado los hechos, mientras que 8.9 por ciento admitió no tener una opinión definida. Sin embargo, la mayoría crítica refleja una desconfianza creciente hacia las versiones oficiales y los tiempos de respuesta.
La encuesta también evidencia una preocupación de fondo: el uso político de las megaobras. El 50.3 por ciento de los mexicanos considera que el gobierno priorizó objetivos políticos sobre la seguridad en la construcción y operación del Tren Interoceánico, un proyecto emblemático heredado del obradorismo.
Frente a esta percepción, solo 37.7 por ciento de los encuestados opina que la seguridad sí fue prioritaria. La brecha entre ambas posturas muestra un desgaste en la credibilidad gubernamental, especialmente cuando el accidente ocurrió en una infraestructura presentada como símbolo de desarrollo, integración regional y soberanía nacional.
El escrutinio público también ha alcanzado a la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Gonzalo “Bobby” López Beltrán, quien fungió como supervisor honorario del proyecto, es señalado por el 55.7 por ciento de los encuestados como responsable, en algún grado, de las fallas que derivaron en el siniestro.
Aunque el 32.9 por ciento considera que Bobby López Beltrán no tiene responsabilidad alguna, el señalamiento mayoritario refleja la percepción de nepotismo y conflicto de interés que ha acompañado a varias obras insignia del sexenio pasado, ahora bajo revisión en la nueva administración federal.
La responsabilidad también se extiende a los proveedores del proyecto. El 57.6 por ciento de los ciudadanos responsabiliza a Pedro Salazar Beltrán, sobrino del expresidente, y al empresario Amílcar Olán, quienes suministraron balasto tanto al Tren Interoceánico como al Tren Maya.
Estos vínculos empresariales y familiares han alimentado sospechas sobre la calidad de los materiales, los procesos de adjudicación de contratos y la supervisión técnica real de las obras. Para amplios sectores sociales, el descarrilamiento no fue un accidente fortuito, sino la consecuencia de decisiones equivocadas.
El accidente ocurrió el 28 de diciembre de 2025, en el tramo Z del Corredor Interoceánico, entre Chivela y Nizanda, Oaxaca. Un tren de pasajeros con alrededor de 200 personas descarriló, dejando 14 muertos y al menos 119 heridos, según cifras oficiales actualizadas.
Desde entonces, la investigación ha quedado en manos de instancias federales, entre ellas la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Aunque se han anunciado auditorías e indagatorias, hasta ahora no se han señalado responsables directos ni se han presentado conclusiones contundentes ante la opinión pública.
La oposición política ha exigido investigaciones independientes y transparentes, argumentando que se trata de un caso de “corrupción que mata”. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han cuestionado la militarización de los proyectos de infraestructura y la falta de contrapesos efectivos en su ejecución.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha evitado profundizar en el debate, defendiendo las auditorías internas y rechazando lo que considera “ataques políticos”. Sin embargo, el silencio prolongado y la baja visibilidad del caso refuerzan la percepción de encubrimiento y desgaste institucional.
La encuesta de México Elige confirma que el descarrilamiento del Tren Interoceánico no solo fue una tragedia humana, sino también un punto de quiebre en la confianza ciudadana en la 4T. Sin verdad, justicia y sanciones claras, el caso corre el riesgo de convertirse en otro símbolo de impunidad normalizada.
