Más corrupción en DIF-Oaxaca; ahora en Prodennao: exigen aportaciones obligatorias a trabajadores
En la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao), dependiente del Sistema DIF, un auxiliar voluntario ha denunciado públicamente una práctica irregular que afecta a varios de sus compañeros. Se trata de descuentos no autorizados en sus salarios, equivalentes a 2 mil pesos cada quincena, recolectados sin justificación legal.
Esta situación inició en enero de 2026 y genera sospechas de corrupción interna. El denunciante, quien protege su identidad por temor a represalias, describe un ambiente de intimidación que impide cuestionar las órdenes. La carta enviada a los medios de comunicación detalla cómo estos fondos son manejados opacamente por altos funcionarios.
La abogada Claudia Edith Aguilar Lara, secretaria de Acuerdos de la Prodennao, es señalada como la responsable directa de recolectar el dinero, actuando por indicación de la procuradora Yarib Hernández García. Según el testimonio, Aguilar Lara solicita los pagos quincenales sin proporcionar información sobre su destino.
Cuando le piden una explicación a la funcionaria, responde que se trata de un “acuerdo interno”, adoptando un tono hostil. En casos de resistencia, amenaza con reportar a los empleados ante la procuradora y Jadiel López Coheto (este último, exdirector de Recursos Humanos del DIF Oaxaca). Esta coerción crea un clima de temor entre el personal voluntario.
Esta práctica recuerda casos previos en albergues del DIF Oaxaca, donde directivas retiraban tarjetas bancarias a jóvenes discapacitados para usar sus fondos personales. En aquellos incidentes, se documentaron abusos de poder que privaban a vulnerables de sus recursos.
Ahora, en Prodennao, los auxiliares voluntarios enfrentan deducciones similares, sin rendición de cuentas. El denunciante enfatiza que estos 2 mil pesos representan una porción significativa de sus modestos ingresos, afectando su estabilidad económica. Autoridades del DIF Oaxaca no han respondido a estas acusaciones públicas, lo que agrava la percepción de impunidad.
El auxiliar voluntario asegura que no existe documentación oficial que avale estos descuentos, violando principios de transparencia en instituciones públicas. Al contrario, se percibe como un mecanismo de control que beneficia a las directivas de la institución. La carta enviada a los medios exige una investigación inmediata para evitar que esta irregularidad se normalice.
Abogados en materia laboral y en derechos humanos consultados coinciden en que estas acciones podrían configurar delitos como extorsión o peculado, dada la naturaleza pública de los fondos involucrados.
