Los supuestos logros de Salomón Jara en materia de seguridad son peores a los primeros tres años del gobierno de Alejandro Murat
Aunque Salomón Jara insiste en que su gobierno está haciendo “lo que nunca” en seguridad pública, los datos oficiales desmienten por completo ese discurso. Tres años después de asumir el poder, Oaxaca registra más homicidios dolosos, más feminicidios y más desapariciones que en el mismo periodo del gobierno anterior.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un incremento alarmante en los homicidios dolosos durante el gobierno de Jara. Del 1 de diciembre de 2022 al 2 de diciembre de 2025 se contabilizan aproximadamente 2,720 víctimas, cifra que duplicó con creces los niveles registrados en el periodo comparable de Alejandro Murat.
De acuerdo con los mismos registros, en 2023 hubo 852 homicidios dolosos; en 2024, mil víctimas; y en 2025, hasta noviembre, 782. Aunque el gobierno estatal presume reducciones relativas en tasas, lo cierto es que los números absolutos han crecido sin freno, y la violencia armada domina la estadística.
El incremento también se refleja en los asesinatos relacionados con el crimen organizado. Aunque no existe una clasificación oficial de “ejecuciones”, se estima que entre 80 y 90 por ciento de los homicidios dolosos se cometen con arma de fuego, lo que sitúa este fenómeno cerca de los 2,300 casos en los últimos tres años.
Bajo el gobierno de Alejandro Murat, los primeros tres años registraron 1,147 homicidios dolosos. En contraste, Jara acumula 2,612 en el periodo equivalente, lo que implica un incremento de 128 por ciento. Ni las nuevas estrategias ni los anuncios oficiales han frenado este deterioro, especialmente en Costa e Istmo.
Las “ejecuciones” atribuibles al crimen organizado muestran un ascenso similar. Durante el trienio de Murat se estimaron 746 asesinatos vinculados a grupos criminales, mientras que en los primeros tres años de Jara la cifra supera 1,560. Esto representa un aumento de 110 por ciento, pese al discurso oficial de resultados sin precedentes.
En materia de feminicidios, el Gobierno de Oaxaca insiste en que los casos han disminuido, pero las cifras oficiales nuevamente contradicen esa afirmación. El SESNSP reporta aproximadamente 135 feminicidios en los primeros tres años del actual gobierno, frente a cerca de 90 registrados en el mismo periodo del sexenio anterior.
Organizaciones civiles como GES Mujer documentan cifras mucho más elevadas para el actual gobierno, con 285 asesinatos violentos de mujeres desde diciembre de 2022. Señalan además un grave subregistro institucional, pues solo se reconocen como feminicidios los casos con evidencia explícita de género, criterio criticado por colectivos y expertos.
A pesar de la insistencia del gobierno en presumir logros, las cifras oficiales de 2025 muestran un repunte significativo. En lo que va del año se han contabilizado 81 feminicidios según monitoreos independientes, muchos perpetrados con armas de fuego. La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes entre 19 y 29 años.
El incremento también se observa en las personas desaparecidas. Con base en datos del RNPDNO y de Red Lupa, durante los primeros tres años de Jara se registran alrededor de 303 nuevos casos, frente a los 250 reportados en el mismo periodo de Murat. El stock histórico aumentó más de 81%.
Aunque Oaxaca mantiene la tasa más alta de localización del país, las desapariciones siguen en aumento. La narrativa oficial presume eficiencia, pero las familias continúan enfrentando búsquedas prolongadas, investigaciones lentas y una falta estructural de capacidad institucional para frenar este fenómeno creciente.
La insistencia del gobernador Jara en que su administración ha logrado avances inéditos en materia de seguridad se desmorona al contrastar los datos. Los homicidios dolosos, feminicidios, ejecuciones y desapariciones muestran incrementos claros, sostenidos y documentados, muy por encima de lo registrado en el sexenio anterior.
El gobierno estatal atribuye la situación a factores externos como los “reacomodos” del crimen organizado, la migración y los conflictos locales, pero evita asumir la responsabilidad por la ausencia de una estrategia integral de prevención, inteligencia y coordinación. Oaxaca continúa dependiendo de operativos reactivos sin resultados duraderos.
Los programas presentados por la administración, como los operativos en el Istmo, han tenido efectos temporales, pero no revertido las tendencias de fondo. Las zonas más afectadas siguen siendo las mismas, mientras la expansión de grupos como el CJNG y Guerreros Unidos agrava la fragilidad institucional del estado.
A tres años de iniciado el gobierno de Salomón Jara, la realidad ncontradice sus proclamados logros. Lejos de mejorar la seguridad, su administración acumula cifras históricas de violencia, mientras insiste en un discurso triunfalista desconectado de los hechos. Oaxaca enfrenta hoy mayor inseguridad que bajo el gobierno que tanto critica.
