Los Loxicha y el EPR consolidaron rutas clandestinas de armamento que permanecen activas, reportan Ejército y policías
Entrega 2: El antecedente que cambió la violencia en Oaxaca | El levantamiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en agosto de 1996 representó el episodio más significativo relacionado con el ingreso de armamento de guerra a Oaxaca. A casi treinta años de distancia, especialistas consideran que aquel acontecimiento evidenció la existencia de redes clandestinas capaces de introducir fusiles de asalto y abastecer grupos organizados.
La irrupción ocurrió el 28 de agosto de 1996. Comandos armados atacaron instalaciones de seguridad en Tlaxiaco y, horas después, corporaciones federales, estatales y municipales en Huatulco. Los enfrentamientos dejaron muertos entre policías, marinos, civiles e integrantes del propio movimiento insurgente, sorprendiendo a las autoridades por su capacidad operativa.
Los testimonios de la época describieron a hombres uniformados, encapuchados y equipados principalmente con fusiles AK-47, AR-15 y otras armas automáticas. Para entonces, ese tipo de armamento era prácticamente inexistente entre comunidades rurales de Oaxaca, lo que abrió interrogantes sobre su procedencia y la logística utilizada para introducirlo.
Las investigaciones posteriores nunca hicieron público un rastreo forense completo del origen de aquellas armas. Sin embargo, diversos estudios históricos coinciden en que no fueron adquiridas por campesinos de Los Loxicha, sino que llegaron mediante la estructura clandestina del EPR, heredera organizativa del PROCUP-PDLP y apoyada por cuadros especializados.
Habitantes de la región narraron durante años que junto con los capacitadores llegaron también los fusiles. Los pobladores no conocían el origen del armamento ni los mecanismos de financiamiento. Su participación se limitó, según esos testimonios, a integrarse a una organización que ya contaba con infraestructura logística y capacidad de abastecimiento.
Durante la década de los noventa coexistían diversas fuentes potenciales para obtener armas ilegales. Persistían remanentes de los conflictos centroamericanos, particularmente en Guatemala; operaban mercados clandestinos nacionales y existían redes vinculadas con antiguas organizaciones guerrilleras mexicanas que mantenían canales de suministro fuera de los controles oficiales.
El episodio de Los Loxicha también dejó otra enseñanza para las instituciones de seguridad: la eficacia del denominado tráfico hormiga. En lugar de movilizar grandes cargamentos fácilmente detectables, las organizaciones dividían las armas en pequeños envíos, reduciendo riesgos y facilitando su traslado por caminos rurales y comunidades aisladas.
Con el paso de los años cambió el destinatario del armamento, pero no necesariamente la lógica de distribución. Las redes que antes podían abastecer movimientos insurgentes fueron sustituidas por organizaciones criminales, intermediarios regionales y traficantes que encontraron en los conflictos agrarios un mercado permanente para fusiles de alto poder.
Hoy, aunque las motivaciones son distintas, los rifles AR-15 y AK-47 continúan apareciendo en aseguramientos realizados por autoridades federales y estatales. Su presencia en disputas comunitarias demuestra que las cadenas clandestinas de abastecimiento nunca desaparecieron completamente, sino que evolucionaron conforme cambiaron las dinámicas de violencia en Oaxaca.
La historia del EPR constituye así un antecedente indispensable para comprender el presente. Las armas dejaron de responder exclusivamente a objetivos políticos o insurgentes y pasaron a convertirse en mercancías del mercado negro, alimentando conflictos agrarios, disputas territoriales, delincuencia organizada y nuevas expresiones de violencia que siguen afectando al estado.
