Una falacia, privatización del agua: CNA

La delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Oaxaca rechazó la privatización del agua y mucho menos que con los decretos suscritos se privatice el agua al dar concesiones a empresas privadas.

El organismo puntualizó que los diez Decretos de Reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”.

La Conagua lamentó que actores que buscan beneficios político-electorales critiquen los decretos de reserva de aguas. Las críticas son infundadas y provienen de grupos políticos, dijo.

Negó que los decretos, que tendrán efecto en 12 regiones para preservar 169 mil 913 millones de metros cúbicos, busquen privatizar el agua.

Aseguró que lo que se busca con los decretos de reserva de agua es garantizar que el líquido llegue a las futuras generaciones y no privatizarlo.

Estos decretos, abundó, no afectan los derechos de los actuales poseedores de títulos de concesión, antes bien, la reserva se considera como un nuevo usuario; la reserva del agua que se publicó mediante los diez decretos en  ningún momento significa que el volumen de agua se libera y se concesionará al mejor postor.

Destacó que, con los decretos, 295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas.

Para decretar la reserva, se realizó un largo proceso donde participaron diferentes actores sociales, representados en los Consejos de Cuenca para poder hacer uso de la disponibilidad de agua ya existente en las cuencas involucradas y destinarla exclusivamente para la población y preservación del medio ambiente, como se establece en los decretos, abundó.

Asimismo, dijo, se prevé que la reserva de agua pueda ayudar a amortiguar el cambio climático, pues se conservarán lugares emblemáticos que no hay en ningún otro lugar del planeta, como la Selva Lacandona en Chiapas y no se afectan derechos y concesiones de otros usuarios, ya que versa sobre el agua disponible.

Abundó que este tipo de medidas de cuidado del agua, son recomendaciones que se hacen a los países por parte de organismos internacionales como la International Water Resources Association y el World Resources Institute, para buscar preservar el vital líquido. Dichos organismos recomiendan que se reserve como mínimo el 35 por ciento del escurrimiento medio anual de agua para el consumo de la población y para el cuidado del medio ambiente.

Con las medidas adoptadas México supera en 12%, las recomendaciones internacionales en cuanto al volumen de agua asociado a caudal ecológico, con lo cual estamos siendo más previsores ambientalmente que países del primer mundo.

En conclusión, las reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medio ambiente, claramente se expresa en las mismas el destino medio ambiental y de uso público urbano, por lo que cualquier interpretación contraria solo busca desorientar y mal informar a la población. 

HAY DESINFORMACIÓN: INSO

Juna José Concejo Dueñas, director general del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO), reconoció que las reformas que se han dado en torno a la Ley de Aguas Nacionales debe ser un tema en el cual se involucre a todos los sectores de la población. 

“El problema es que hay mucho ruido y desinformación”, consideró Concejo Dueñas sobre los decretos recientes que firmara el gobierno de la república y que no son los primeros “había tres previos”.

En este sentido dijo habría de ser más cuidadosos en la discusión, toda vez que se podría considerar que “no son decretos de privatización” como lo ha dicho la Comisión Nacional del Agua, toda vez que su propósito sería otro.

Al mismo tiempo dijo que el concepto que lo sustenta, son elementos positivos y pertinentes que parten de una demanda que han tenido muchos estudiosos y organizaciones, respecto a los derechos de la gente y no por ello en el 2012 se estableció en la constitución como un derecho humano fundamental.

En el caso de estos diez decretos que están vigentes no incluyen a la totalidad del estado, solo abarcan a la Cuenca  del Papaloapan, la parte norte del estado, y otra cuenca pequeña que corresponde a la región de la Costa.

Consejo Dueñas insistió que es dudoso el proceder del gobierno federal, por lo que sus acciones que realizan se prestan a la mala interpretación, sobre todo  cuando quita las vedas existentes, por lo que si hubiera  un sistema distinto esto sería diferente por lo que no se deja de pensar que estas reformas que se hacen son “concesionales” y que años atrás se cuestionó en la Ley de Aguas nacionales.  

“Este modelo si ha sido fuertemente criticado”, por lo que nuevamente la preocupación no es que sean en el sentido del “modelo de la privatización” cuando este sujeto al mercado o a los intereses particulares para hacer usos del agua, además de que estos decretos están abrogando las concesiones que no habían sido renovadas, las cuales en buena parte corresponden a ejidos y comunidades que ahora se quedarán menos protegidos.

Insistió que por ningún lado no se han mencionado los derechos indígenas, de las comunidades, cuando estos derechos vienen juntos y son legítimos, pero en las condiciones actuales tendrían que darse de manera fundada.

Lo que podemos percibir es que dentro de estas reformas- atrás- hay muchos intereses, apuntando quien lo puede concesionar: “la concesión no es gratuita, pero que nos expliquen”, por lo que sin duda está en el fondo es que el gobierno y el legislativo no creo una Ley de aguas Nacionales como tal, y la que tenemos no nos está sirviendo, por lo que las reformas que se han hecho están en base a la Ley.

“Necesitamos que haya nuevas reglas en donde se  reconozca el derecho humano al agua, donde  se incremente la participación social en todos los niveles, incluyendo los derechos indígenas y este instrumento legal no existe ni a nivel nacional o estatal”.

Juan Carlos Medrano/Francisco Ramírez