Liberan a defensor zapoteco del bosque tras más de 15 años de encarcelamiento, calificado como injusto por ONGs
La liberación de Pablo López Alavez, defensor zapoteco del bosque, después de 15 años, siete meses y 12 días privado de la libertad, fue celebrada por organizaciones de derechos humanos, que calificaron su encarcelamiento como arbitrario e injusto y exigieron al Estado mexicano reparar integralmente las graves violaciones cometidas contra él y su familia.
López Alavez recuperó su libertad el 27 de marzo de 2026, luego de que una resolución de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca modificó la calificación jurídica de los hechos y estableció una pena de 15 años y tres meses por homicidio simple. El tiempo encarcelado permitió considerar cumplida dicha condena.
Sin embargo, las organizaciones advirtieron que la libertad no representa justicia plena, pues la sentencia condenatoria continúa vigente y, según denunciaron, fue emitida sin valorar adecuadamente inconsistencias y contradicciones de las pruebas acusatorias, además de ignorar elementos de descargo que ubicaban al defensor en otro lugar cuando ocurrieron los hechos imputados.
Recordaron que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, mediante la opinión 23/2017, concluyó que la privación de libertad de López Alavez era arbitraria y estaba relacionada con su legítima labor de defensa ambiental. En diciembre de 2020, relatores especiales también solicitaron su liberación y reparación integral.
Las organizaciones señalaron que Pablo fue detenido el 15 de agosto de 2010 por personas armadas, sin orden de aprehensión, y posteriormente denunció haber sido torturado. Durante más de 15 años enfrentó privación de libertad y otras violaciones, incluido su derecho a un juicio justo, mientras permaneció imposibilitado para continuar defendiendo el territorio y los recursos naturales.
La criminalización también afectó profundamente a su familia, que fue desplazada forzosamente de San Isidro Aloapam debido a amenazas relacionadas con su lucha. La familia cuenta con medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y enfrenta impactos como desarraigo comunitario, enfermedades crónicas y adaptación forzada a un entorno urbano.
Ante este panorama, las organizaciones exigieron al Poder Judicial Federal revisar exhaustivamente el expediente, revocar la condena y dictar una sentencia absolutoria, al considerar que la resolución carece de fundamentos sólidos. También demandaron investigar y sancionar a las autoridades responsables, reparar integralmente los daños y garantizar protección para Pablo, su familia y quienes acompañaron su defensa.
Centro Fray Francisco de Vitoria, Consorcio Oaxaca, Front Line Defenders, FIDH, OMCT, EDUCA, SERAPAZ y otras organizaciones reclamaron al Estado cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas, establecer garantías de no repetición y abstenerse de utilizar el derecho penal para criminalizar a defensores indígenas y territoriales. Para ellas, la libertad de Pablo debe ser el inicio de una justicia plena.
