
La red familiar crece: líderes y funcionarios replican nepotismo, colocando parientes en puestos del gobierno de Jara
En el gobierno de Oaxaca, el nepotismo avanza y gana espacios como hiedra. Desde la llegada de Salomón Jara Cruz, diversas dependencias han sido utilizadas por sus titulares para favorecer a familiares y allegados, reproduciendo prácticas que contradicen el discurso oficial de austeridad, honestidad y transformación institucional.
En el Congreso local, uno de los casos más relevantes es el de Emmanuel Navarro Jara, sobrino del mandatario y dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional. Trabajadores señalan que aprovechándose del cargo partidista colocó a dos perfiles clave sin ninguna mérito ni aprobar evaluaciones profesionales.
Entre las primeras designaciones cuestionadas figura la de su pareja, Tania Joshelin Barroso Fabián, nombrada Jefa de Departamento de Atención Ciudadana. Empleados afirman que el proceso careció de convocatorias abiertas, concursos internos o mecanismos de evaluación, lo que generó inconformidad y desconfianza dentro del Poder Legislativo.
La red se amplió con la incorporación de Miriam Elizabeth Barroso Fabián, cuñada del dirigente, como Jefa de Departamento de Edición y Síntesis en Comunicación Social. Su perfil académico limitado y la ausencia de experiencia previa contrastan con la responsabilidad estratégica del área encargada de la comunicación institucional.
En los pasillos del Congreso, trabajadores describen un ambiente marcado por privilegios, ausencias frecuentes y trato diferenciado. Señalan que la profesionalización quedó relegada frente a intereses familiares, mientras las funciones públicas se diluyen en una dinámica de favores, lealtades personales y decisiones discrecionales.
La práctica se replica en la Secretaría de Administración, donde el subsecretario Enrique Feria Romero ha sido señalado por integrar a su esposa, Sherlyn Belén Arzate Figueroa, como asesora con percepciones superiores a treinta mil pesos mensuales. Testimonios internos cuestionan su presencia y desempeño laboral efectivo.
A esta estructura se suma María Eugenia Romero López, madre del subsecretario, registrada también como asesora con ingresos similares. Además, Zaraí Arzate Figueroa y Yulisa Romero Hidalgo ocupan contratos de confianza nivel quince. En conjunto, estas designaciones refuerzan la percepción de un esquema familiar sistemático.
Las denuncias internas han solicitado la intervención de la Secretaría de la Honestidad, sin obtener respuesta oficial. Desde la toma de posesión del actual gobierno, los mecanismos de control parecen inexistentes, permitiendo que el tráfico de influencias se normalice en distintas áreas administrativas.
Documentos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia muestran patrones recurrentes de contrataciones vinculadas a lazos familiares. Para especialistas en administración pública, estos registros contradicen el discurso de combate a la corrupción y evidencian un uso discrecional del presupuesto estatal.
Así, con el gobernador Jara poniendo el mal ejemplo —colocando a la parentela en diversas áreas del gobierno—, el nepotismo se extiende como hiedra sobre la estructura gubernamental. Lejos de erradicarse, se reproduce en oficinas, dependencias y cargos estratégicos, erosionando la credibilidad de un gobierno que prometió ser distinto y cercano a la ciudadanía.

