La red del huachicol fiscal se blinda con sangre: siete muertes sin justicia ni respuestas oficiales
La investigación FEMDO/FGR —en la que aparecen empresarios ligados a la 4T, funcionarios navales, altos mandos de la Marina y políticos morenistas— documenta que los asesinatos y presuntos suicidios registrados hasta ahora no son hechos aislados, sino parte de un patrón para garantizar silencio. Funcionarios y marinos que conocían demasiado sobre el huachicol fiscal han aparecido ejecutados con la misma frialdad. Cada muerte fue un mensaje: hablar tenía un costo irreversible.
El primer caso que encendió las alarmas fue el asesinato del empresario Sergio Carmona Angulo en noviembre de 2021, en San Pedro Garza García. Sus vínculos con contratos públicos y financiamiento político lo habían convertido en una pieza clave del entramado. Su muerte en Nuevo León marcó la primera advertencia de que el negocio se protegía con sangre.
En mayo de 2023, Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, subadministrador de Operación Aduanera en Manzanillo, Colima, fue secuestrado y hallado sin vida. Su desaparición ocurrió mientras colaboraba en revisiones de contenedores sospechosos. Con él, se extinguió una de las líneas más prometedoras para desentrañar el tráfico disfrazado de importaciones legales.
En febrero de 2024, el capitán retirado Edgar Vega Álvarez apareció ejecutado en el Estado de México. Su cuerpo, con disparos en la cabeza, fue hallado dentro de un vehículo. Meses antes había denunciado irregularidades en la asignación de mandos en aduanas. Sus advertencias quedaron sepultadas con su asesinato.
En julio de ese mismo año, la funcionaria de la FGR Magaly Janet Nava Ramos fue ejecutada en Colima. Investigaba directamente la información aportada por Santo —testigo protegido— y tenía en su poder una lista de nombres de altos mandos navales. Su muerte confirmó que la red eliminaba sistemáticamente a quienes representaban una amenaza judicial.
En noviembre de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue acribillado en Manzanillo. Su papel como enlace entre la Marina y operadores aduanales lo situaba en el corazón del esquema. Su ejecución, abierta y violenta, reflejó la capacidad de la red para eliminar incluso a altos mandos en activo.
En agosto de 2025, el delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, fue asesinado. Había comenzado a rastrear conexiones entre operadores portuarios y financiamiento político del entramado de la red del huachicol fiscal.
Poco después, el 9 septiembre de 2025, se reportó la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga en Altamira, Tamaulipas, presentada oficialmente como suicidio. Sin embargo, fuentes internas indicaron que estaba bajo investigación por posibles sobornos. El expediente se cerró de inmediato, abonando a la sospecha de una ejecución encubierta.
Dos días después, el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga murió durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora. La versión oficial habló de accidente, pero testigos apuntaron a inconsistencias. Su nombre figuraba en reportes de movimientos de combustible y contenedores. Con él cayó otra pieza incómoda para la red. Con su muerte, la FGR sumó al menos siete casos directamente vinculados al huachicol fiscal, ninguno esclarecido y todos con un mismo patrón.
Cada expediente quedó estancado bajo el argumento de “falta de pruebas”. Pero para los investigadores, la coincidencia era demasiado evidente: funcionarios ejecutados, marinos caídos y expedientes borrados. El mensaje inequívoco es que la red del huachicol fiscal se protegía con sangre.
