La nómina del IEEPO: La red política que convirtió plazas educativas en capital político en el Istmo de Oaxaca
••• Una revisión de nombres, cargos, claves presupuestales y percepciones exhibe una estructura de presuntos aviadores vinculados con Juchitán, operadores políticos y funcionarios.
La crisis que sacudió a Juchitán tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano y la salida de Emilio Montero Pérez del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) abrió una segunda investigación: la nómina educativa.
En los registros señalados aparecen funcionarios municipales, exservidores públicos, operadores políticos, familiares, dirigentes sociales y personas relacionadas con el grupo político que durante años tuvo influencia en Juchitán.
El patrón, que se denuncia y acapara la atención en las redes sociales, es particularmente delicado: personas con cargos públicos simultáneos, actividades políticas, empleos municipales o funciones ajenas a la educación aparecen, al mismo tiempo, con percepciones provenientes del IEEPO.
Los registros no demuestran por sí solos que cada persona haya cobrado sin trabajar. Para acreditar la existencia de aviadores se requiere confrontar nómina, adscripción, horarios, funciones, controles de asistencia, centros de trabajo y evidencia de actividad efectiva.
Sin embargo, la concentración de nombres relacionados entre sí, la repetición de determinadas claves presupuestales y la coincidencia de montos justifican una revisión formal por las autoridades fiscalizadoras.
El caso adquiere relevancia porque el IEEPO administra recursos destinados fundamentalmente a garantizar los servicios educativos de Oaxaca, una entidad que mantiene severos déficits de personal e infraestructura escolar.
La controversia estalló después de que medios locales documentaron que funcionarios y regidores de Juchitán aparecían en la nómina educativa, algunos con percepciones superiores a 18 mil pesos mensuales.
MONTERO Y QUETU: EL ORÍGEN POLÍTICO DE LA ESTRUCTURA
La relación política entre Emilio Montero Pérez y Miguel Sánchez Altamirano no es nueva ni está basada únicamente en las denuncias recientes.
Montero fue presidente municipal de Juchitán y Sánchez Altamirano ocupó posiciones dentro de su estructura política y administrativa antes de convertirse en presidente municipal.
Cuando Montero solicitó licencia en noviembre de 2022 para incorporarse al gobierno estatal, el Congreso de Oaxaca autorizó que Sánchez Altamirano asumiera temporalmente la presidencia municipal.
El vínculo político continuó posteriormente: Morena avaló a Sánchez Altamirano como coordinador municipal de la llamada Cuarta Transformación y posteriormente como candidato a la presidencia municipal.
La relación también quedó expuesta públicamente en actividades oficiales del IEEPO. En 2023, cuando Montero ya era director del instituto, empezó a participar en actos públicos acompañado por Sánchez Altamirano.
No se trata, por tanto, de dos personajes que hayan coincidido casualmente en la administración pública: existe una trayectoria política compartida que antecede a la actual controversia.
A ello se suma un tercer elemento político señalado en diversas publicaciones: la participación del senador de Morena, Antonino Morales Toledo, en el grupo político que impulsó a Sánchez Altamirano.
Una síntesis del Senado publicada en abril de 2026 identificó a Montero y Morales como integrantes del grupo político que impulsó al entonces alcalde de Juchitán. Esa referencia documenta una conexión política, pero no acredita que Morales haya intervenido personalmente en la asignación de plazas del IEEPO.
LA CLAVE QUE SE REPITE
Uno de los elementos que requiere mayor investigación es la concentración de registros alrededor de determinadas claves presupuestales.
Entre las claves señaladas se encuentran 20ADG0067K, 20ADG00630, 20ADG0008V y 20DSN0001K, asociadas, según los registros proporcionados, con percepciones cercanas a 17 mil 559 pesos brutos mensuales.
La clave 20ADG0067K aparece particularmente relevante porque, de acuerdo con la información revisada, más de 200 registros habrían aparecido desde 2024 con una denominación semejante: coordinador de proyectos y servicios culturales.
La cifra adquiere importancia cuando los registros señalan personas con actividades políticas o administrativas en Juchitán, mientras sus supuestas adscripciones educativas aparecen en otros municipios.
El caso de Francisco Javier Esteva Guerra es ilustrativo: aparece con una percepción de alrededor de 17 mil 526 pesos y una adscripción en una secundaria de Tlaxiaco, a cientos de kilómetros de Juchitán, mientras se le identifica como exsecretario particular de Sánchez Altamirano.
La distancia geográfica no prueba por sí misma que no haya trabajado en el plantel. Pero sí constituye una señal que debería ser revisada mediante controles de asistencia, horarios y funciones.
El mismo criterio tendría que aplicarse a cada uno de los registros: no basta con aparecer en una nómina para ser aviador, pero tampoco basta con tener una plaza registrada para acreditar que efectivamente se presta el servicio.
LOS NOMBRES DEL GRUPO
Entre los nombres señalados en la información revisada aparece Rosa Elvia Jiménez López, identificada como exregidora de Bienestar de Juchitán, con registros de aproximadamente 25 mil 206 pesos en el IEEPO y 19 mil 642 pesos en el ayuntamiento.
También aparece Amable Queto Sánchez Altamirano, identificada como hermana de Miguel Sánchez Altamirano, con una percepción aproximada de 17 mil 526 pesos y registros que la ubicarían con doble plaza.
José Alfredo Nicolás Vera, exregidor de Energías Renovables, aparece con una percepción aproximada de 19 mil 388 pesos brutos y 15 mil 66 netos.
Rolando Algarín Sánchez, señalado como dirigente de la Vela de los Pescadores, aparece con alrededor de 17 mil 542 pesos y una adscripción relacionada con la Dirección de Primaria.
Ulises Gómez Regalado aparece con alrededor de 17 mil 559 pesos y la clave 20ADG0008V, mientras es identificado en la información aportada como operador político.
José Fabián Guerra Mendoza aparece con aproximadamente 17 mil 559 pesos y una adscripción en la Subdirección de Recursos Materiales.
Héctor Linares Vásquez, identificado como músico y trovador de Cheguigo (barrio de Juchitán), aparece con alrededor de 17 mil 559 pesos brutos y 14 mil 832 pesos netos.
Fernando Santos Villalobos, identificado como exsecretario municipal de Juchitán, figura con aproximadamente 17 mil 559 pesos como personal administrativo.
Zoila Gómez Cabrera, identificada como exsíndica procuradora de Juchitán, aparece con una percepción aproximada de 5 mil 564 pesos como docente.
Silas Orlando Carrasco Hernández, identificado como exregidor de Turismo de Juchitán, aparece con alrededor de 10 mil 214 pesos y una función distinta dentro de la administración estatal.
La coincidencia entre actividad política y percepción educativa constituye el principal punto de investigación: determinar si esas personas cumplían efectivamente las funciones que justificaban sus salarios.
LOS OPERADORES DE MONTERO
La relación tampoco se limita a personas vinculadas con el Ayuntamiento de Juchitán.
La lista proporcionada identifica a Rolando Algarín Sánchez, Joyse Antonio López, Claudia Odilia Martínez Jiménez, Andrés Rasgado Robles, Rubén Ramírez Sánchez, Michel Nicolás Manrique Ríos, Roberto Carlos Vera Ramírez, Edgar Antonio Valencia y Fernando Santos Villalobos, entre otros, como operadores políticos relacionados con Emilio Montero Pérez.
Estas afirmaciones deberán ser contrastadas documentalmente con actividades partidistas, cargos públicos, fotografías, registros electorales, documentos oficiales y testimonios.
Un dato adicional resulta relevante: Rubén Ramírez Sánchez aparece en documentos oficiales del IEEPO como titular de la Secretaría Particular durante actos públicos encabezados por la institución.
Por ello, el caso requiere separar a quienes tienen un cargo público comprobable de aquellos cuya presunta actividad política solamente aparece en denuncias o publicaciones.
FAMILIARES, PAREJAS Y CIRCULOS PERSONALES
La relación familiar constituye otra línea que debería ser examinada.
La información entregada identifica a Amable Queto Sánchez Altamirano como hermana de Miguel Sánchez Altamirano; a Fátima Rafaeli López Martínez como esposa de Mariano Rosado López; a Pabel Montero López como sobrino de Emilio Montero; y a Rocío López Reyes como esposa de Pabel Montero.
También menciona a Nadeshad Sánchez Hernández como pareja sentimental de Montero y a Melva Jiménez Posada como familiar del exdirector.
El punto jurídicamente relevante sería determinar quién autorizó cada contratación, bajo qué procedimiento, qué plaza ocupó cada persona, quién era su superior jerárquico, dónde estaba adscrita y qué funciones efectivamente desempeñaba.
El parentesco solamente adquiere relevancia administrativa cuando se acredita que influyó indebidamente en el nombramiento, contratación, asignación o permanencia de una persona.
EL CASO DE DIEGO MOISÉS PÉREZ DE LA CRUZ
Uno de los casos más llamativos de la información analizada es el de Diego Moisés Pérez de la Cruz, actual subsecretario de Política Social para el Bienestar y responsable del programa Mi Primera Chamba.
Los datos proporcionados le atribuyen ingresos mensuales conjuntos de aproximadamente 165 mil 722 pesos brutos.
De acuerdo con esos registros, alrededor de 87 mil 818 pesos corresponderían a su cargo en la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, mientras aproximadamente 77 mil 904 pesos provendrían del IEEPO mediante seis percepciones.
La información señala que esas percepciones educativas estarían vinculadas con plazas de subdirector de enseñanza secundaria técnica.
También se indica como supuesto centro de adscripción la Escuela Secundaria Técnica número 9, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur de Oaxaca.
Si esos datos son correctos, el caso no debe resolverse llamándolo simplemente “súper aviador”.
Debe investigarse si existe compatibilidad legal entre ambos cargos, si hubo licencia, comisión, compatibilidad de horarios, autorización administrativa y prestación efectiva de servicios.
La cuestión central es todavía más sencilla: ¿qué trabajo realiza cada hora por la que recibe recursos públicos?
EL CONTRASTE CON MI PRIMERA CHAMBA
La percepción atribuida a Pérez de la Cruz adquiere relevancia política porque encabeza un programa dirigido a jóvenes que reciben apoyos mucho menores.
Según la información proporcionada, los beneficiarios de Mi Primera Chamba reciben alrededor de 9 mil pesos, mientras su titular acumularía percepciones públicas cercanas a 165 mil pesos mensuales.
El contraste no demuestra ilegalidad, pero sí plantea una pregunta de rendición de cuentas: si una persona desempeña simultáneamente responsabilidades educativas y administrativas, ¿cómo cumple efectivamente ambas jornadas?
La respuesta debería encontrarse en expedientes laborales, controles de asistencia, declaraciones patrimoniales, registros de nómina, nombramientos, licencias, comisiones y comprobantes de trabajo.
LA LLAMADA “FUERZA AÉREA DEL ISTMO”
La lista proporcionada contiene al menos 60 nombres, aunque algunos aparecen repetidos y otros deben depurarse para evitar duplicidades.
Entre ellos figuran operadores políticos, exfuncionarios municipales, dirigentes sociales, músicos, familiares de servidores públicos y personas vinculadas con distintos grupos políticos.
También aparecen nombres relacionados con El Chulay, con dirigentes de organizaciones, con operadores del PT y con actores políticos de Juchitán.
La variedad de perfiles es precisamente uno de los elementos que debería llevar a una auditoría integral.
En este caso no se trata solamente de determinar quién aparece en una nómina, sino de reconstruir cómo se construyó la cadena de decisiones que permitió que esas personas llegaran a ella.
LA PISTA SINDICAL
Otro nombre que aparece en la información es Julián Estrada Lara, “El Potro”, identificado como dirigente de una planilla del STPEIDCEO.
Según los datos proporcionados, tendría una percepción aproximada de 17 mil 689 pesos mensuales en el IEEPO y, simultáneamente, una relación laboral con el Gobierno del Estado.
Si ambos registros continúan vigentes, corresponde investigar si existe compatibilidad legal, comisión, licencia o cualquier otra figura administrativa que explique la doble adscripción.
La investigación también menciona vínculos políticos con Noé Jara y con Fernanda Chávez Cruz, actual encargada del despacho del IEEPO.
Pero aquí también debe distinguirse entre una relación política y una responsabilidad administrativa: la cercanía política no demuestra que una plaza haya sido otorgada irregularmente.
FERNANDA CHÁVEZ HEREDA EL PROBLEMA
El gobernador Salomón Jara designó el 25 de septiembre a Fernanda Chávez Cruz como encargada de despacho del IEEPO, después de la renuncia de Emilio Montero Pérez.
La designación coloca a Chávez frente a una institución cuya nómina está ahora bajo escrutinio público.
La nueva encargada tiene una obligación particularmente delicada: impedir que la revisión se convierta en una depuración selectiva contra adversarios políticos y garantizar que la investigación alcance a todos los beneficiarios de plazas irregulares, independientemente del grupo al que pertenezcan.
La Sección 22 anunció que mantendrá vigilancia sobre su gestión y pidió que respete los derechos laborales y los acuerdos previamente establecidos.
El problema, sin embargo, no puede reducirse a una disputa sindical.
La pregunta fundamental es quién utilizó durante años la estructura administrativa del IEEPO para colocar personas que, según las denuncias, tenían funciones políticas antes que educativas.
La cifra proporcionada para 13 registros asociados a determinadas claves y percepciones asciende a aproximadamente 386 mil pesos mensuales, unos 4.6 millones de pesos anuales.
Proyectado de enero de 2024 a septiembre de 2026, el monto señalado alcanzaría aproximadamente 12.7 millones de pesos.
Son cálculos que deben ser cotejados con los comprobantes oficiales de nómina y periodos efectivamente pagados.
Pero incluso una auditoría que confirme una fracción de esos recursos tendría una consecuencia política relevante: demostraría que dinero destinado al servicio educativo terminó financiando personas que simultáneamente ocupaban cargos políticos, municipales o administrativos.
La dimensión real podría ser mayor porque la lista aportada es preliminar y contiene más de 60 nombres, mientras otras versiones mencionan más de 200 registros asociados a determinadas claves.
El IEEPO tiene ahora que demostrar lo contrario. La salida de Emilio Montero no resuelve el problema. Tampoco lo resuelve el nombramiento de Fernanda Chávez.
La única manera de despejar las dudas es abrir los expedientes y confrontarlos con la realidad mediante una exhaustiva auditoría y sancionar las conductas ilícitas de los servidores públicos involucrados.
Cada persona señalada debe tener una ficha de verificación: nombre, CURP, plaza, clave presupuestal, sueldo bruto, sueldo neto, centro de trabajo, función, jefe inmediato, horario, asistencia, comisión, licencia, compatibilidad laboral y evidencia de actividades.
Después debe cruzarse esa información con las nóminas municipales y estatales.
El objetivo no debe ser fabricar culpables, sino identificar quién recibió recursos públicos sin cumplir las obligaciones correspondientes y quién autorizó, validó o toleró esas situaciones.
La investigación debe llegar hasta las autorizaciones. Después, no solamente establecer quién cobró. La pregunta toral es saber quién autorizó que cobrara.
Detrás de cada plaza existe una cadena administrativa: nombramiento, movimiento, adscripción, autorización presupuestal, registro, pago y supervisión.
Si una persona efectivamente trabajaba, el expediente debe demostrarlo. Si estaba comisionada, debe existir la comisión. Si tenía licencia, debe constar. Si ocupaba dos cargos, debe existir una autorización de compatibilidad.
Y si no realizaba ninguna actividad, entonces la responsabilidad no termina en el beneficiario: alcanza a quienes permitieron que continuara cobrando.
EL EXPEDIENTE POLÍTICO
La controversia adquiere una dimensión mayor porque la red señalada coincide con una estructura política construida durante años alrededor de Juchitán.
Montero fue alcalde, después integrante del gobierno de Salomón Jara y finalmente director del IEEPO.
Sánchez Altamirano fue su suplente, secretario particular y posteriormente presidente municipal.
Morena Oaxaca respaldó políticamente a Sánchez Altamirano para buscar la continuidad en la presidencia municipal.
Y diversas publicaciones han ubicado al senador Antonino Morales Toledo dentro del mismo espacio político que impulsó al alcalde juchiteco.
Lo que falta demostrar documentalmente es si esa estructura política se tradujo también en una estructura de plazas dentro del IEEPO. Esa es la investigación que ahora corresponde realizar.
DE LA POLÍTICA A LA NÓMINA
Si las coincidencias se confirman, el caso mostraría un mecanismo mucho más sofisticado que el simple otorgamiento de empleos.
Una plaza pública puede convertirse en ingreso permanente, mecanismo de movilización política y forma de lealtad partidista.
Cuando una persona vinculada a un grupo político recibe simultáneamente un salario público y mantiene actividad partidista, la pregunta no es únicamente cuánto gana.
Debe preguntarse qué función pública realiza a cambio de ese salario.
Si no existe trabajo efectivo, el salario ya no sería una remuneración sino se convierte en un uso irregular del presupuesto.
La crisis de Juchitán destapó otra crisis La detención de Miguel Sánchez Altamirano y la desaparición de poderes del Ayuntamiento de Juchitán abrieron una crisis institucional.
La renuncia de Emilio Montero Pérez al IEEPO profundizó el problema. El Gobierno de Oaxaca confirmó oficialmente que Montero presentó su renuncia y que Fernanda Chávez asumiría la encargaduría.
La investigación sobre la nómina, sin embargo, apenas comienza.
El caso penal contra Sánchez Altamirano debe seguir su propio cauce y las acusaciones formuladas en su contra permanecen sujetas al proceso judicial.
Del mismo modo, las denuncias sobre aviadores deben ser investigadas antes de convertirse en condenas públicas. Pero el Estado sí tiene una obligación inmediata: auditar.
