La Marina bajo sospecha: la carpeta secreta que develó red de huachicol que financió campañas y asesinó testigos
Una carpeta de investigación que había permanecido reservada en la Fiscalía General de la República (FGR) y que finalmente vio la luz —por las presiones del gobierno de Estados Unidos a la presidenta Sheinbaum— ha revelado una red de corrupción dentro de la Secretaría de Marina (Semar).
Lo que comenzó como el testimonio aislado de un funcionario naval terminó exponiendo un entramado que incluye contrabando de combustibles, asesinatos de testigos y financiamiento ilegal de campañas políticas. El caso toca al círculo íntimo del almirante José Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina.
La historia inicia con el marino conocido como “El Santo”, funcionario que pasó de vigilante en el Cuartel General del Alto Mando a director de la Aduana de Tampico. Desde su puesto descubrió cómo funcionaba una maquinaria criminal que facilitaba el ingreso de buques-tanque cargados con hidrocarburos ilegales, disfrazados como aditivos.
Según su declaración, la red estaba controlada por mandos navales y empresarios huachicoleros que lograban introducir cargamentos millonarios. Cada arribo equivalía a veinte o treinta pipas cargadas sin registro fiscal. El Santo aceptó al inicio participar, pero al ver asesinatos selectivos de colegas decidió convertirse en testigo colaborador ante la FGR.
El costo de hablar resultó inmediato. En febrero de 2024, el capitán retirado Edgar Vega Álvarez apareció ejecutado en el Estado de México tras denunciar anomalías en aduanas. Meses después, la investigadora de la FGR, Magaly Janet Nava Ramos, fue asesinada el 21 de octubre de 2024 en el Barrio V del Valle de las Garzas, en Manzanillo, Colima.
Magaly Janet.
Según reportes, dos sujetos en motocicleta blanca se acercaron a su vehículo y le dispararon varias veces, en un ataque relacionado con las investigaciones sobre la red de huachicol fiscal que involucra a funcionarios navales y aduaneros.
Había tocado nombres de altos mandos navales vinculados al caso.
Menos de un mes después, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo (8 de noviembre de 2024), tras denunciar ante sus superiores la red de corrupción y contrabando de combustible, conocida como “huachicol fiscal”, operada por altos mandos de la Secretaría de Marina.
Según investigaciones de la FGR, Guerrero Alcántar alertó sobre actividades ilícitas lideradas por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán.
Guerrero Alcántar había solicitado permiso para ausentarse del servicio entre el 6 y el 25 de noviembre de 2024, informando a sus superiores sobre su ubicación en Manzanillo y Mazatlán. La FGR ha indicado que los autores materiales del homicidio “podrían estar vinculados a la Secretaría de Marina”, dada la información privilegiada sobre sus movimientos.
Ambos homicidios compartían el mismo modus operandi: disparos en la cabeza dentro de un vehículo. El Santo, al conocer la noticia, entendió que era el siguiente en la lista. Otros marinos vinculados a Manzanillo y Tampico también fueron ejecutados. Ninguno de los casos fue resuelto.
El vehículo en que viajaba la funcionaria de la FGR.
La investigación identificó a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna como piezas centrales. Ambos oficiales son sobrinos políticos del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Desde sus cargos en aduanas y puertos, garantizaban la entrada de buques sin inspección y colocaban a marinos de confianza en puestos clave.
Manuel controlaba la logística terrestre: pipas, patios y choferes. Fernando se encargaba de permisos y gestiones institucionales. El Santo escuchó más de una vez la frase: “los sobrinos ya dieron luz verde”, señal inequívoca de que un cargamento podía descargarse sin problemas.
La investigación reveló que no todo el dinero terminaba en bolsillos de empresarios y marinos. Parte de las ganancias se desvió a campañas
políticas en Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca. Pipas equivalían a millones de pesos que se transformaban en propaganda, movilización y compra de votos.
Empresas fachada ligadas a consultoras electorales recibían transferencias desde cuentas de aduanas. En Coatzacoalcos, Tampico y Salina Cruz, los buques descargaban justo en periodos electorales. De pronto, candidatos con bajos perfiles desplegaban espectaculares, mítines masivos y brigadas de movilización imposibles de explicar con financiamiento legal.
La FGR clasificó la investigación como de seguridad nacional bajo la Causa Penal 305/2025. En documentos internos se menciona indirectamente al almirante Ojeda. Aunque no aparece como imputado, fiscales se preguntan si era posible que desconociera las operaciones de sus sobrinos. En la Marina, ningún movimiento de alto nivel ocurre sin aval superior.
El vehículo en el que fue asesinado y el contraalmirante Guerrero Alcántar.
El caso provocó alarma política. Diputados opositores exigieron la comparecencia de Ojeda, pero la mayoría oficialista bloqueó el tema. Desde Presidencia, según fuentes internas, hubo presión para evitar filtraciones que dañaran la narrativa de la Marina como institución incorruptible.
La carpeta de investigación del huachicol fiscal en la Marina es más que un caso de contrabando. Revela cómo la corrupción se incrustó en una de las instituciones más respetadas, financiando campañas y silenciando testigos con sangre. El nombre del almirante Ojeda quedará marcado por la sospecha, y El Santo permanece oculto y protegido por la FGR, símbolo de una verdad que amenaza con dinamitar al poder naval mexicano.
