La Ley otorga derechos perpetuos a vivienderos y cero obligaciones

La Ley otorga derechos perpetuos a vivienderos y cero obligaciones

La nueva Ley de Vivienda concede ocho derechos a las organizaciones civiles que, conforme a lo que documentó Crónica, siguen captando ciudadanos necesitados de casa propia. Los hacen participar en manifestaciones y, con base en esto, deciden si se les otorga o no un crédito de interés social del gobierno capitalino.

Sólo se establece la condición de no estar destinadas al “lucro” para que estas organizaciones reciban el reconocimiento legal (lo que sería el derecho más importante que ganan con la nueva Ley). Adicionalmente, tienen derecho a que se establezcan mecanismos para interactuar con el Instituto de Vivienda; el crédito deja de ser exclusivamente individual y puede otorgarse colectivamente a las organizaciones del padrón; así como elegir y entregar terrenos en los que el Invi deba edificar viviendas.

Los vivienderos, como les llaman despectivamente en las organizaciones políticas de izquierda con las que conviven y a las que nutren de manifestantes, tienen así muchos derechos y ninguna obligación en la legislación que fue publicada el pasado 23 de marzo.

Aún más, otros derechos de las organizaciones abarcan periodos posteriores a la entrega de las viviendas que antes podía marcar el fin de la relación entre el ciudadano coptado y los vivienderos). Ahora, las organizaciones civiles podrán intervenir en el establecimiento de reglas condominales y suministro de recursos destinados a la conservación y mejoramiento de los barrios y colonias.

Incluso, el registro en un padrón oficial de organizaciones que está redactado como un derecho y no como una obligación.

El padrón tiene la finalidad de apoyar y evaluar las acciones individuales que realicen en materia de vivienda de interés social. También significa “apoyos técnicos” sobre viviendas.

Lo único que la ley exige (y penaliza) es que una organización de vivienda tenga como fin “el lucro”. No obstante el lucro no es definido por la ley para especificar si incluye beneficios que no sean en metálico. El chantaje a un ciudadano para que, a cambio de alcanzar un crédito de vivienda social, marche y se manifieste en las calles de la Ciudad de México no se penaliza en la nueva legislación.

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