La Ley de Ingresos 2024, parte de proceso privatizador de la propiedad social: abogado indígena
La Ley de Ingresos 2024 impulsada por el gobernador Salomón Jara, se debe mirar como parte de un proceso privatizador de la propiedad social que viene desde la Reforma Agraria de 1992 y que en la entidad “ha causado mucha preocupación, sobre todo en comunidades con procesos de defensa del territorio”, sostiene el abogado indígena Armando de la Cruz Cortés.
El también integrante de la organización Tequio Jurídico, afirmó que esta iniciativa busca en una primera etapa concretar que las 3 mil 818 parcelas que lograron la figura de “dominio pleno” en Oaxaca (con dicha reforma de 1992) pasen del Registro Agrario Nacional (RAN) al Registro Público de la Propiedad (RPP), es decir, a ser propiedad privada.
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Explicó que el proceso viene desde el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), luego en una siguiente fase del programa conocido como el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar) y luego el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (Rraja) que sigue vigente.
Con esta iniciativa, dice de la Cruz Cortés, se busca aterrizar o inducir a las comunidades a llevarlo a cabo, sobre todo a los ejidatarios y a los comuneros, que entraron al programa de certificación, que midieron sus parcelas y sus solares, y sobre todo aquellos que adoptaron el dominio pleno en el marco de la privatización que buscaba que la tierra ejidal se individualizara.
El abogado explicó que cuando se otorgaba el “dominio pleno” el procedimiento obligaba a cancelar los registros en el RAN y adherir al RPP, y por lo tanto las asambleas, los comisariados y los tribunales agrarios dejaran de tener competencia de esa tierra y en su lugar adquirían potestad jurídica los jueces civiles.
Con ese proceso privatizador en Oaxaca, algunos ejidos y comunidades, pero sobre todo los ejidos, enfatizó, adquirieron dominio pleno pero no terminaron su registro en el RPP. En cambio muchas comunidades aceptaron el programa, midieron la superficie general y otorgaron solamente certificados de derechos parcelarios, sin otorgar el dominio pleno, lo que ahora busca la nueva ley votada por los diputados oaxaqueños.
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