CONTRAFUEGO … Columna del periodista Aurelio Ramos Méndez

CONTRAFUEGO … Columna del periodista Aurelio Ramos Méndez

La guardería ABC y la familia impune

La denuncia fue insólita y de extrema gravedad. Una genuina carga de profundidad bajo de la plataforma de sustentación no sólo de Felipe Calderón y algunos de sus colaboradores sino de toda la oposición, con repercusiones incluso sobre el actual gobierno.
Que el presidente de la Corte haya detallado la consumación en 2010 de una “operación de Estado” para obstruir la justicia en la tragedia de la guardería ABC, impone a la presente administración la obligación ineludible de reparar el daño.
Y resarcir en serio la justicia implica hacer valer la ley sin miramientos. Aplicar sanciones sin fijarse en rangos ni majestades. Lo cual, a la luz de la valerosa acusación, debe significar poner a Calderón tras las rejas.
Es falso que se trate de una denuncia extemporánea, formulada doce años tarde. El presidente de la SCJN la ha hecho en varias ocasiones, nunca –eso sí– de modo tan explícito y con profusión de detalles.
El mandatario 2006-2012 tendrá que encabezar la cuerda hacia un penal, seguido al menos por su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y el exdirector del IMSS, Daniel Karam Toumeh, así como por el gobernador Eduardo Bours y el alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara.
Deberá ser así para darle respuesta a las exigencias de una sociedad agraviada; pero, sobre todo, por respeto a la memoria de los 49 niños fallecidos en el incendio del 5 de junio de 2009, y a sus padres, familiares y deudos.
Castigar a los responsables de aquella desgracia y los maquinadores y operadores de las maniobras para ocultarla, es un imperativo institucional, jurídico, moral y político.
A menos de que el presidente López Obrador confirme su triste papel de tapadera y cómplice de sus antecesores.
Ninguna posibilidad existe de que la 4T le saque el cuerpo a su responsabilidad de investigar la operación fraguada desde la jefatura del Estado para garantizarle impunidad a la parentela de Margarita Zavala.
La acusación es precisa, con nombres y apellidos. Los presumibles delitos siguen vigentes. Y la mayoría de los involucrados está en aptitud de defenderse y responder ante la ley.
Con decir que Zavala es diputada y está debidamente acuerpada por ex copartidarios, parientes, compinches y aliados del PRI, el PRD y otras yerbas, quienes ya intentaron poner de cabeza la cámara baja con tal de encubrirla.
Zaldívar aportó referencias fáciles de despejar:
¿Es cierto que el gobierno de Calderón impidió el oportuno traslado aéreo de niños a Sacramento, California, donde un hospital los esperaba para atenderlos? Varios padres aseguran que así ocurrió.
¿Directivos del IMSS alteraron expedientes médicos de los infantes, para escamotear indemnizaciones? Padres dicen contar con pruebas de ello.
¿Es verdad que al menos dos ministros tuvieron el descaro de leer en sesiones de la SCJN, como posicionamiento propio, memorandos cursados por las autoridades? ¿Quiénes son esos ministros? En modo alguno es complicado revisar versiones estenográficas.
La denuncia de Zaldívar ha merecido opiniones de todo el mundo, menos de Calderón, quien en su carácter de jefe del Estado fue principal responsable de la infame operación.
Guarecido desde su salida del poder a socaire de una oposición cómplice, el exmandatario optó ahora por esconderse entre las enaguas de Zavala.
A tuitazos ella negó las trapacerías de su cónyuge, pero bien o mal dio la cara, aun cuando “sólo” fue beneficiaria de la canallada no quien desde el despacho presidencial ordenó concretarla.
El plan de encubrimiento tampoco fue ejecutado por sus pistolas por Gómez Mont.
Este desalmado patán, por cierto, en respuesta a un Zaldívar que –según declaró— todavía no consigue explicarse cómo contuvo el llanto al ver el dolor los padres de los niños muertos en el incendio, le recomendó con infame desparpajo: “¡ya supéralo!”.
Renglón aparte merece el papel de la prensa en aquel deplorable episodio.
“El primer día, el proyecto se recibió muy bien con la prensa. Pero, a partir del segundo día, se dio una operación de Estado impresionante, para denostar el proyecto.
“Para denostarme a mí y para decir, incluso, que el proyecto lo había hecho Ana Laura Magaloni. Y así empezaron a pegar y pegar y pegar”, dijo Zaldívar.
No se necesita peinar canas para recordar que así sucedió. En todo caso, ahí están las hemerotecas y videotecas para disipar dudas.
Aunque es razonable esperar la versión de líderes de opinión de entonces y todavía.
En 2010 ya ocupaban puestos directivos en medios muchos de los periodistas que hoy siguen en el candelero.
Ya partían el queso Joaquín López Dóriga, Carlos Loret, Javier Alatorre, Ciro Gómez Leyva, Raymundo Riva Palacio, Pascal Beltrán del Río, Carlos Marín y, desde luego, Alejandro Junco…
Con tantas plumas bravas y conductores de noticiarios tan éticos, famosos por no hacerle ninguna concesión a la mentira, cabe esperar que la verdad aflorará sin dificultades.
¿Recibieron línea de sus patrones para privilegiar la versión del calderonato? ¿Denostaron por encargo desde sus columnas a Zaldívar? ¿Ordenaron destacar u ocultar tales o cuales datos o aspectos de los hechos?
Algunas imágenes acuñadas por el ministro de seguro están frescas todavía en la memoria muchos ciudadanos.
Una, la sede del Poder Judicial tomada tres días por el Ejecutivo, cuyos miembros acudieron no a conversar sino presionar ministros.
Zaldívar ya nos dijo que fue el presidente del máximo tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien le pidió que para cuidar a la Corte no saliera a los medios, y “yo fui institucional”.
Nos queda debiendo los nombres de aquellos ministros de quienes recibió “varias amenazas veladas, advertencias de diferente tipo”.
Porque, salvo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, que avalaron el proyecto de sentencia, la duda revolotea sobre los otros siete togados.
Ellos son José Ramón Cossío, Salvador Aguirre, Luis María Aguilar, José de Jesús Gudiño, Sergio Valls, Fernando Franco González Salas, Margarita Luna Ramos.
Refiriéndose a Zaldívar, Amlo expresó, sin vacilaciones: “¡Yo, le creo!”. Criterio que de seguro comparte con 90 por ciento de los mexicanos. Mas no se trata de la palabra de uno contra otro.
Existen medios para conocer la verdad y del jefe del Estado se espera no una decantación por simple corazonada, sino por voluntad de cumplir la ley y hacer justicia. Aguardemos.
BRASAS
El diálogo entre los actores de la vida política se ha instalado en una auténtica Babel, en la que cada quien dice o entiende lo que quiere o puede.
Esto, como resultado, sí, de la polarización, que se traduce en el ánimo de sencillamente no querer entender al contradictor, cualquier cosa que diga, de forma o fondo.
Pero, sobre todo, como consecuencia de un precario uso del idioma y un agudo déficit cognoscitivo, por lo demás no privativos de la actividad pública.
No se necesita ser lingüista, fonólogo, gramático, filólogo ni nada por el estilo para darse cuenta de hasta qué punto impera la incomunicación.
Varios ejemplos de esta patética realidad se produjeron en la última semana.
Detractores de Amlo lanzaron cohetes al escucharle decir “ya no puedo más”, en un contexto de hartazgo por la guerra sucia recrudecida en su contra.
Nadie diría que nuestro Presidente es ejemplo de expresión clara y precisa o fácilmente comprensible; pero fue patente que los medios distorsionaron sus dichos.
Equipararon la frase con aquella de Calderón, según la cual gobernar era como estar en el infierno. La presentaron como virtual abandono de la plaza.
Otro episodio de supina imposibilidad para verbalizar con corrección sus ideas lo protagonizó la diputada de Morena, Patricia Armendáriz.
Tras su penosa palinodia con relación al patrimonio de los periodistas, ahora apareció como corruptaza, recipiendaria de jugosos moches.
Pronunció un discurso sobre disciplina financiera, pero en un español tan pobre e intrincado que descifrarlo resultó difícil, sobre todo para reporteros que no supieron ni intentaron hacerlo. Se juntaron el hambre y las ganas de comer.
Ahora la legisladora se apresta a presentar una iniciativa de ley… para castigar a pseudoperiodistas.
Y un caso más, este de notoria incompetencia profesional, lo difundió Aristegui Noticias.
El periodista Luis Alberto Medina reportó declaraciones del junior del gobernador Alfonso Durazo, a las cuales dio carácter de virtuales anuncios gubernamentales, sin reparar en la carencia absoluta de idoneidad de la fuente.
El joven Durazo Chávez dirige la agrupación Que siga la democracia, al margen del gobierno.
Llamó a participar en la revocación de mandato presidencial, habló de inminente nacionalización del litio y revocación de concesiones en este rubro…
Sus palabras adquirieron en el referido noticiario la calidad no de dichos de un político en ciernes, de un ciudadano más, sino de anuncios del mismísimo gobernador. De pena ajena.
Es doloroso e indignante a la vez. En momentos en que un devastador conflicto bélico tiene al mundo en vilo, en México también –como en el tango Silencio– “el músculo duerme, la ambición trabaja”.
Prueba al canto es la denuncia por extorsión, presentada por ese arquetipo de la corrupción que es el abogado Juan Collado, en contra del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
El ahora reo, famoso por sus vínculos con los más conspicuos delincuentes de cuello blanco de toda una época, por lo visto cree llegado el momento de recuperar poder y territorio, cobrar venganza y blindarse de impunidad.
Aseguró que Scherer ofreció excarcelarlo mediante un acuerdo reparatorio extorsivo por dos mil millones de pesos.
Dijo que un grupo de abogados socios del exfuncionario le pidieron venderle la firma Caja Libertad a Grupo Afirme, propiedad de Julio César Villarreal Guajardo, quien es amigo de Sherer.
Y, cual arúspice ante las entrañas de un animal destazado, concluyó que “tenían como fin utilizar al Estado Mexicano y sus respectivas instituciones, a efecto de que les entregara diversas cantidades de dinero y otros bienes de mi propiedad”.
Más aún, aquellos juristas “crearon una red de complicidades para obtener beneficios económicos”.
Es difícil saber en qué terminará esta película en la cual, al parecer, sólo hay malos y peores. Mas es claro que Collado pertenece a estos últimos.
Por lo mismo, sus palabras deben ser tomadas como lo que son, las de un delincuente capaz de acusar a quien sea para recuperar su libertad y tratar de quedar limpio de gordas acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Collado lanzó lodo con ventilador. Dijo que pagó 10 millones de pesos a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto cerrara una investigación en su contra.
Y que abogados le pidieron 3 millones de dólares, de los cuales pagó la mitad, para defenderlo desde su captura en julio de 2019.
Este pillo de siete suelas da prueba de que, en los actuales tiempos de guerra, como en otro tango, “¡Si aquí ni Dios rescata lo perdido!” y “Vale Jesús lo mismo que un ladrón”.
RESCOLDOS
Se salieron con la suya el Rey Coyote, Juan Carlos de Borbón, y su lacayo Vicente Fox. “Ya no hay nada que hacer” para acortar una concesión por 68 años otorgada a la española CAF, cuyo cabildero fue el monarca. Así dijo el presidente de la República. La empresa se agandalló el tren suburbano de la capital del país. Y, como de lo perdido, lo que aparezca, ahora sólo ayuda a construir tramos carreteros para conectar el aeropuerto Felipe Ángeles. Y nada más…
aurelio.contrafuego@gmail.com

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