La ASAEO reclutaba internos de anexos para cobrar préstamos gota a gota y extorsionar: Fiscalía de Oaxaca
La organización criminal ASAEO, sin registro oficial, pero disfrazada de “agrupación de sindicatos”, habría utilizado centros de rehabilitación de adicciones para reclutar personas vulnerables y convertirlas en cobradores de préstamos gota a gota, extorsionadores y vigilantes en la zona metropolitana de Oaxaca, según información presentada este jueves por la Fiscalía General del Estado durante una conferencia encabezada por Bernardo Rodríguez Alamilla.
De acuerdo con el fiscal Rodriguez Alamilla, personas en proceso de desintoxicación asumían parte del costo de su tratamiento mediante trabajos para los propios centros, entre ellos el cobro de deudas y cuotas de piso, principalmente en el Mercado de Abasto de Oaxaca.
El esquema comenzaba con la captación de mujeres y hombres con adicciones, quienes ingresaban a los anexos y acumulaban deudas por sus tratamientos. Cuando no podían pagarlas, presuntamente eran incorporados a actividades de la organización para saldar los compromisos económicos adquiridos.
La investigación identificó nueve centros presuntamente vinculados con esta operación criminal. Uno fue cateado el 2 de septiembre y otros ocho el 8 de octubre, como parte de las acciones ministeriales contra la estructura y sus posibles actividades ilícitas.
Los inmuebles intervenidos se localizaron en distintos puntos de la zona metropolitana y municipios conurbados, entre ellos Santa Rosa Panzacola, Pueblo Nuevo, San Martín Mexicápam, Santa Cruz Xoxocotlán, San Pablo Etla, Villa de Etla, Tlalixtac de Cabrera, San Antonio de la Cal, Cuilápam de Guerrero, San Pedro Ixtlahuaca y Villa de Mitla.
Según los datos expuestos, el modelo financiero contemplaba recursos de la organización destinados a los anexos, cuyos responsables entregaban entre 20 mil y 50 mil pesos a intermediarios para mantener la circulación de préstamos. Los intereses aplicados a los deudores presuntamente oscilaban entre 70 y 80 por ciento.
La Fiscalía estimó que las actividades de préstamos ilegales, extorsión y cobro de piso generaban alrededor de 20 millones de pesos mensuales. Para sostener las operaciones, presuntamente proporcionaban motocicletas a los cobradores y utilizaban grupos de mensajería para coordinar las distintas células.
Entre los elementos presentados figura un grupo de WhatsApp con 94 integrantes, presuntamente utilizado para organizar actividades y mantener comunicación entre responsables de células y operadores territoriales. Las autoridades también señalaron que algunos anexos eran utilizados para resguardar o vender drogas, según los hallazgos de las investigaciones.
La estructura descrita por la Fiscalía coloca a la familia Ríos Suárez en la cúpula, seguida por mandos intermedios, padrinos, líderes de zona y coordinadores, hasta llegar a cobradores y vendedores. Las personas incorporadas desde los centros de rehabilitación constituían parte de la fuerza operativa.
Entre las presuntas víctimas se encontraban comerciantes establecidos, vendedores ambulantes, taxistas, mototaxistas y conductores de plataformas de transporte, especialmente en el Mercado de Abasto. Los señalamientos forman parte de las investigaciones ministeriales; la responsabilidad penal de las personas involucradas deberá determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
