Jueza Suzette Soto Pinacho denuncia violencia sistemática y campañas de odio por parte de su expareja sentimental
Mediante una carta abierta, la jueza oaxaqueña Suzette Soto Pinacho rompió el silencio y denuncia una vida de violencia física, psicológica y económica. La funcionaria señaló que su agresor, padre de sus hijos, Jaime Castellanos del Campo, utiliza las redes sociales para difamarla, llamándola «ser vil» y «corrupta» sin presentar nunca ninguna prueba legal.
Soto Pinacho explicó que el miedo y las amenazas constantes de un escándalo público la mantuvieron en silencio durante años. El agresor, quien buscaba puestos políticos en Oaxaca, utilizó su imagen de «hombre de familia» como estrategia, mientras en el ámbito privado ejercía un control absoluto y maltrato constante.
La víctima detalló que el sujeto ha incumplido más de veinte órdenes de protección impuestas por autoridades federales y locales. A pesar de las restricciones legales, el agresor continúa una campaña de hostigamiento digital, enviando mensajes intimidantes a su familia y utilizando la figura pública de la jueza para revictimizarla.
Un punto crítico de la denuncia es la manipulación de los hijos menores de edad. Soto relata que su hijo fue escondido por veinticuatro días, periodo en el que fue obligado a grabar videos para redes sociales. El menor confesó posteriormente que lo hizo bajo la promesa de ayudar al padre.
La jueza enfatizó que ella y sus hijos han cumplido con todas las terapias psicológicas ordenadas por el juzgado de lo familiar. En contraste, el agresor se ha negado sistemáticamente a asistir a dichas sesiones, prefiriendo utilizar las plataformas digitales para victimizarse y evadir sus responsabilidades parentales y legales.
En su carta, Suzette Soto califica como «violencia simbólica» los intentos de silenciarla y desacreditar su función jurisdiccional. Lamenta que se utilice su fuente de ingresos como un arma para señalarla, mientras el agresor evade desde hace años el pago de la pensión alimenticia y el cuidado emocional básico.
La funcionaria cuestiona duramente al sistema de justicia, señalando que las mujeres con estudios o cargos públicos son juzgadas con mayor severidad. Critica que se les exijan «pruebas infinitas» de maltrato, ignorando el devastador daño psicológico y emocional que sufren tanto las madres independientes como sus pequeños hijos desproteguidos.
Actualmente, la jueza teme por su vida y la integridad de su núcleo familiar ante la escalada de violencia. Asegura que el interés superior de la niñez se ha convertido en un discurso vacío, mientras sus hijos son expuestos a procesos institucionales agotadores que solo profundizan el trauma ya existente.
La misiva concluye con una exigencia de paz y justicia real para que sus hijos «vuelvan a ser niños». Soto Pinacho reafirma su resistencia ante la embestida de un violentador que, conociendo la ley, decide ignorarla sistemáticamente, amparado en el alcance mediático y la normalización de la violencia doméstica.
Este testimonio pone de relieve la vulnerabilidad de las mujeres, independientemente de su profesión o nivel jerárquico. La jueza hace un llamado a la opinión pública para no ser cómplice de las campañas de desprestigio que buscan perpetuar el abuso y la impunidad en casos de violencia familiar grave.
