Juez impone prisión preventiva a alcalde de Juchitán; el 29 de septiembre definirá si enfrenta proceso judicial
El alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, permanecerá en prisión preventiva por ahora, y tras validarse legalmente su detención quedó sujeto a proceso judicial penal.
Un juez de control calificó legal la captura realizada el 23 de septiembre, cuando autoridades estatales y federales ejecutaron una orden de aprehensión en su contra.
El edil enfrenta imputaciones por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, acusaciones que deberán sostenerse mediante pruebas durante el procedimiento judicial correspondiente.
Durante la audiencia inicial, realizada mediante videoconferencia, la Fiscalía de Oaxaca solicitó formalmente que Sánchez Altamirano fuera vinculado a proceso penal correspondiente.
Sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para preparar sus argumentos y controvertir los elementos presentados por el Ministerio Público.
Por ello, el juez fijó las 11:00 horas del 29 de septiembre para resolver si existen elementos suficientes para vincularlo formalmente a proceso en Oaxaca.
Sánchez Altamirano compareció desde el Centro Federal de Reinserción Social número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde seguirá recluido.
El traslado ocurrió después de su captura en Juchitán, durante un operativo coordinado por instituciones federales y estatales, según reportaron oficialmente las autoridades participantes.
La investigación oficial relaciona al alcalde con una estructura criminal identificada como Los Cromos, señalada por autoridades por extorsión, cobro de piso y homicidios en la región del Istmo de Oaxaca.
Omar García Harfuch informó esta mañana que esa estructura estaría vinculada con narcomenudeo, tráfico de personas y esquemas de protección para facilitar operaciones criminales en el Istmo.
El caso ocurre mientras Juchitán enfrenta un escenario de incertidumbre, luego de que la seguridad municipal quedara temporalmente bajo responsabilidad de fuerzas estatales de seguridad.
La situación jurídica del alcalde seguirá abierta hasta la audiencia del 29 de septiembre, cuando el juez determinará si enfrenta formalmente el proceso penal correspondiente.
