Juez federal frena provisionalmente la construcción de la presa Margarita Maza, en la Sierra Sur; otorga amparo a Markoa Vázquez
El Juzgado Octavo de Distrito en Oaxaca, a cargo del juez Ulises Cuauhtémoc Reyes Martínez, concedió suspensión provisional al artista plástico Markoa Vázquez en el amparo contra la Presa Margarita Maza o Mujer Solteca. La medida cautelar paraliza temporalmente las obras en Sola de Vega mientras se realiza la audiencia incidental que definirá si la suspensión se vuelve definitiva. La resolución no declara ilegal el proyecto ni prejuzga su constitucionalidad.
La demanda, respaldada por Litigio Estratégico Indígena A.C., impugna alrededor de 60 actos de 21 autoridades federales, estatales y municipales. Cuestiona la planeación, licitación, adjudicación, permisos ambientales, cambios de uso de suelo y la falta de información clara sobre impactos ambientales, sociales, culturales, territoriales e hídricos. También reclama la omisión de una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a pueblos indígenas y comunidades agrarias.
El megaproyecto, impulsado por los gobiernos de Oaxaca y federal, busca abastecer de agua potable a la zona metropolitana de Oaxaca por 50 años. Incluye una presa de 72 metros de altura, un acueducto de más de 100 kilómetros, planta potabilizadora y estaciones de bombeo con capacidad de mil litros por segundo. Su costo supera los 15 mil millones de pesos y la construcción fue adjudicada en junio a la empresa GAMI.
Organizaciones como OCCAMA critican la obra como una solución ineficiente y costosa. Señalan que transportar agua a más de 100 kilómetros resulta problemático ante las altas fugas en la red de distribución de Oaxaca —superiores al 40 %— y advierten subestimación de daños a ecosistemas de la Sierra Sur y comunidades aguas abajo del río Sola de Vega. Proponen priorizar la reparación de infraestructura y el rescate de ríos como el Atoyac.
Comunidades indígenas zapotecas, especialmente San Vicente Coatlán, denuncian la ausencia de consulta en su lengua y la falta de autorización de la asamblea comunal sobre tierras ancestrales en la zona del proyecto. Un conflicto agrario histórico con Villa Sola de Vega, que ya dejó víctimas mortales en 2012, genera temor a que la obra avive tensiones territoriales entre ambos municipios.
La organización litigante adelantó que, en el proceso, exigirá a las autoridades acreditar el cumplimiento de obligaciones constitucionales en materia ambiental, transparencia, participación pública y derechos humanos de pueblos indígenas. El caso entra ahora en una fase donde el juzgado analizará la permanencia de la medida cautelar antes de resolver el fondo del amparo.
