Jueces federales, a punto de declarar inválido decreto mediante el cual Salomón Jara despidió a mil 344 burócratas
El Congreso de Oaxaca, a petición del gobernador Salomón Jara, emitió el decreto 24 para despedir a 1,344 burócratas estatales. Sin embargo, este decreto enfrenta resistencia legal, ya que autoridades federales han comenzado a invalidarlo tras conceder amparos definitivos a trabajadores despedidos injustificadamente. Uno de estos casos involucra a una trabajadora que obtuvo la suspensión definitiva, lo que obliga al Gobierno de Oaxaca a garantizarle derechos laborales esenciales.
El Segundo Tribunal Colegiado otorgó la suspensión para proteger el derecho de la trabajadora a un ingreso mínimo vital, estipulado en la Constitución Mexicana y tratados internacionales. Esto implica que el gobierno deberá pagarle un salario equivalente al que percibía antes de ser despedida y garantizarle seguridad social, incluyendo servicios médicos, mientras dure el juicio de amparo.
El gobierno estatal tiene un plazo de tres días para informar sobre la cantidad que asignará a la trabajadora para cubrir sus necesidades básicas, monto que debe ser al menos del 30 % de su salario previo o no menor al sueldo tabular más bajo de la institución. De incumplirse estas disposiciones, los funcionarios responsables enfrentarán sanciones administrativas.
Distintos jueces federales han emitido medidas cautelares similares para otros despedidos, otorgándoles derechos como el pago del mínimo vital y, en algunos casos, la restitución de salarios completos. Estas resoluciones refuerzan la posición de los trabajadores en contra del decreto 24 y buscan garantizar su subsistencia y seguridad social mientras se resuelven sus demandas.
El consejero jurídico del Gobierno Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, ha instruido el cumplimiento de las resoluciones, aunque ha cuestionado las decisiones judiciales. En particular, sus comentarios despectivos hacia una jueza federal han sido catalogados como misóginos, generando críticas en redes sociales por demeritarla debido a su género y posición habilitada como secretaria en funciones de jueza.
Las declaraciones de Vásquez Sagrero han generado toda clase de calificativos en las redes sociales y han sido señaladas como una reacción a las resoluciones que contravienen el decreto 24. Mientras tanto, los amparos continúan marcando un precedente que podría invalidar el despido masivo de los burócratas, obligando al gobierno a reparar los derechos laborales de los afectados.
