Juchitán, Oaxaca, enfrenta espiral de extorsión mientras operativos oficiales todavía no logran contener la violencia criminal
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación en materia de seguridad pública del país. La extorsión, particularmente mediante el cobro de piso, ha evolucionado de amenazas aisladas a un mecanismo de control territorial que condiciona la actividad económica, el transporte, la construcción y diversos servicios esenciales.
Las cifras difundidas por autoridades estatales reflejan la dimensión del problema. El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó este año que Juchitán ocupa el primer lugar nacional en extorsión entre las principales ciudades del país, además de registrar elevados índices de narcomenudeo y homicidios dolosos.
En el Istmo de Tehuantepec se concentra cerca del 45 por ciento de los casos de extorsión reportados en Oaxaca durante algunos meses de 2026. La modalidad predominante consiste en exigir pagos periódicos bajo amenazas de causar daños a negocios, empresas, transportistas o trabajadores que se nieguen a cumplir las exigencias.
Las víctimas abarcan prácticamente todos los sectores económicos. Comerciantes, artesanos, propietarios de tortillerías, tiendas de materiales, empresas constructoras, líneas de transporte, mototaxistas y establecimientos comerciales han denunciado presiones constantes para entregar cantidades de dinero a cambio de continuar operando sin sufrir represalias violentas.
El incumplimiento de esas exigencias suele derivar en ataques armados, incendios provocados, daños materiales y asesinatos. Las amenazas también llegan mediante llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería, donde los grupos criminales advierten consecuencias contra propietarios, empleados o familiares si rechazan incorporarse al esquema de pagos ilegales.
Frente a este panorama, el Gobierno de Oaxaca puso en marcha el Operativo Sable, reforzado durante 2026 con cateos, aseguramientos de armas y detenciones de presuntos integrantes de organizaciones dedicadas a la extorsión. El pasado fin de semana fueron capturadas once personas vinculadas con estas actividades ilícitas en la región.
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Las autoridades sostienen que estas acciones han debilitado a grupos delictivos identificados como “Los Conejos”, “Los Cromos” y otras células locales. Sin embargo, los hechos violentos registrados recientemente evidencian que dichas organizaciones mantienen capacidad para responder mediante ataques que buscan intimidar tanto a la población como a los sectores productivos.
El reto para las instituciones no consiste únicamente en capturar presuntos responsables. Diversos especialistas consultados por Tiempo Digital advierten que la estructura del cobro de piso permite sustituir rápidamente a operadores detenidos, mientras las redes financieras y logísticas permanecen activas, facilitando la continuidad del delito con nuevos integrantes.
Esta dinámica genera un círculo difícil de romper. Cada detención representa un avance inmediato para las investigaciones, pero si no se afectan las fuentes de financiamiento, los mecanismos de cobro y las redes de protección criminal, la organización conserva recursos suficientes para reclutar nuevos integrantes y mantener su presencia territorial.
Los recientes ataques ocurridos en Juchitán muestran que el combate contra la extorsión enfrenta desafíos que trascienden la respuesta policial inmediata. La reducción sostenida de este delito dependerá de investigaciones sólidas, coordinación institucional y estrategias capaces de desarticular las estructuras criminales que sostienen el cobro de piso en el Istmo.
