Jara y Morena operan campaña ilegal para su ratificación con un IEEPCO omiso y alineado al poder; controlan el proceso
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, es señalado por promover una campaña abierta para influir en la próxima consulta de revocación de mandato mediante su gira de “rendición de cuentas”, convertida en actos proselitistas en las ocho regiones del estado. Usuarios de redes sociales, especialmente en X antes Twitter, denuncian que pide abiertamente el apoyo de audiencias asegurar su permanencia en el cargo.
Las críticas aumentaron tras difundirse videos y mensajes donde Jara utiliza recursos públicos y eventos oficiales para pedir apoyo ciudadano, pese a que la legislación electoral prohíbe expresamente cualquier promoción gubernamental durante procesos de participación ciudadana. Señalan que el mandatario intenta transformar el tercer informe en una operación política para revertir el rechazo social a su gestión.
En redes sociales, diversos perfiles acusan que las últimas encuestas reportan que más del 90 por ciento de la población respalda la revocación. Los mismos estudios de opinión colocan a Jara entre los mandatarios peor evaluados del país. Aun así, el gobernador insiste en giras masivas, discursos emotivos y presencia en medios, estrategias propias de una campaña planeada de ramificación.
La controversia se agudizó cuando Morena respaldó abiertamente esos recorridos bajo el argumento de “informar logros” del gobierno, mientras las críticas señalan que se trata de propaganda encubierta para influir en los electores. La coincidencia entre activismo partidista y giras institucionales refuerza la percepción de una operación política coordinada desde el poder.
A esta situación se suma la actuación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que ha mantenido silencio total ante señalamientos de promoción indebida. Usuarios cuestionan que, pese a múltiples denuncias en redes y notas informativas, el árbitro electoral no ha iniciado investigación ni emitido medidas cautelares mínimas.
El IEEPCO enfrenta acusaciones de actuar con tolerancia hacia Morena y el gobierno estatal, pese a estar obligado a garantizar equidad, neutralidad y apego al marco legal. Críticos consideran que su pasividad favorece al mandatario, pues avala en los hechos una campaña anticipada que vulnera la naturaleza de la consulta ciudadana.
Las organizaciones que impulsan la revocación de mandato denuncian que Morena y el gobierno estatal operaron con dinero público para obtener más de seiscientas mil firmas —la mayoría, bajo coacción— para activar el proceso, y ahora el mismo gobierno utiliza recursos públicos y la estructura institucional para intentar legitimar su continuidad.
La gira de Jara, que debería centrarse únicamente en la presentación del tercer informe, se ha transformado en eventos con discursos orientados a pedir “confianza” y exaltar supuestos avances del gobierno. Videos difundidos en X muestran al mandatario vinculando la consulta a la continuidad de la Cuarta Transformación, lo que viola la normatividad electoral.
Analistas locales y ciudadanos advierten que, de continuar esta dinámica, la consulta se realizará en condiciones de clara intervención gubernamental y con un árbitro que no ejerce su función. La falta de vigilancia, aseguran, podría desvirtuar un mecanismo diseñado para evaluar el desempeño de gobierno y transformarlo en una campaña financiada con el presupuesto público.
La situación aviva la polarización política en Oaxaca. Mientras simpatizantes oficiales difunden una narrativa de logros y transformación, la mayoría de publicaciones ciudadanas reflejan descontento social, acusaciones de corrupción, inseguridad y falta de resultados. Así, el proceso de revocación, lejos de fortalecer la democracia, podría convertirse en un ejercicio contaminado y controlado por la intervención gubernamental.
