Investigación revela que Gobierno Federal suministró fármacos oncológicos falsificados a miles de pacientes con cáncer
Una investigación internacional encabezada por Quinto Elemento Lab y el ICIJ destapó un escándalo de salud pública sin precedentes en México. Se confirmó que el gobierno federal adquirió y suministró lotes falsificados del fármaco inmunoterapéutico Keytruda. Esta negligencia institucional afectó a pacientes en todo el país, quienes recibieron sustancias de origen desconocido.
El reportaje titulado “La medicina del millón” documenta que al menos diez instituciones públicas compraron 11,479 frascos de lotes apócrifos. La Cofepris emitió alertas sanitarias sobre estos productos entre 2022 y 2026, pero las advertencias llegaron tarde. Para entonces, miles de dosis ya habían sido distribuidas y aplicadas en hospitales.
El ISSSTE figura como la institución más golpeada por esta red de corrupción y falta de control, concentrando el 88% de las piezas falsas. Su Centro Nacional de Distribución entregó más de seis mil frascos de lotes irregulares. Otras dependencias afectadas incluyen a la Sedena, Pemex y el IMSS-Bienestar.
Los lotes falsificados, como el Y011745, presentaban anomalías visibles como etiquetas en inglés y sellos opacos. A pesar de estas señales, el sistema de salud los aceptó y administró. Esta situación se originó tras el desabasto crónico de 2019, que forzó compras de emergencia con controles regulatorios mucho más relajados.
Testimonios desgarradores, como el de Francisco Chávez en Mérida, revelan los efectos devastadores de estas aplicaciones. El paciente sufrió parálisis temporal y dolores intensos tras recibir el fármaco falso en el ISSSTE. Merck, fabricante legítimo, confirmó que el contenido suministrado no era original, elevando el riesgo de muerte inminente.
La farmacéutica Merck ha interpuesto veinte denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por estos hechos. Actualmente existen treinta carpetas de investigación abiertas, aunque no se reportan sentencias hasta abril de 2026. Los intermediarios, como Top Pharma, están bajo la lupa por suministrar estos lotes a sobreprecio estratosférico.
La crisis se agravó por un decreto de 2022 que permitió omitir requisitos en compras consolidadas bajo el argumento de urgencia. Esto facilitó la entrada de medicamentos sin registro sanitario vigente al cuadro básico nacional. El resultado es una traición directa a la confianza y la salud de los mexicanos.
Mientras la noticia se vuelve viral en redes sociales, el silencio de la Presidencia y la Secretaría de Salud es absoluto. Los ciudadanos exigen respuestas inmediatas ante lo que consideran un crimen de Estado. La evidencia documental de Cofepris respalda una denuncia que hoy mantiene en vilo al sector salud.
