Iniciativa privada oaxaqueña exige solución definitiva ante severas afectaciones provocadas por movilizaciones de la CNTE
Diversas organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial oaxaqueño manifestaron su profunda preocupación ante el conflicto magisterial. A través de un pronunciamiento conjunto, los líderes productivos reconocieron el legítimo derecho constitucional a la libre manifestación, pero lamentaron las afectaciones cotidianas que estas movilizaciones imponen a la entidad.
Los prolongados bloqueos perpetrados por el magisterio han generado graves consecuencias que impactan directamente la economía, la educación y el empleo en la entidad. Esta situación de inestabilidad constante castiga severamente a ciudadanos ajenos al conflicto, empobrece a los pequeños comerciantes locales, paraliza a los trabajadores y estrangula las actividades comerciales generales.
Frente a este escenario adverso, el sector privado emitió una enérgica exigencia dirigida puntualmente a los gobiernos estatal federal. Las cámaras empresariales urgieron una intervención responsable para alcanzar soluciones definitivas y prontas que terminen con un problema cíclico que vulnera sistemáticamente el derecho constitucional al libre tránsito y al trabajo.
Los representantes comerciales enfatizaron que cuando las protestas recurren al cierre de carreteras estratégicas, colapso de hospitales y asfixia de negocios locales, la legítima comunicación se desvirtúa por completo. Los portavoces afirmaron contundentemente que estas medidas radicales transforman las demandas sociales en una imposición violenta contra la ciudadanía oaxaqueña.
El Consejo Ciudadano por Oaxaca recordó que la estabilidad social, la justicia laboral y el progreso económico estatal no son objetivos excluyentes. Sin embargo, recalcaron que el costo financiero de los bloqueos viales no lo pagan las autoridades gubernamentales, sino los taxistas, meseros, comerciantes, pacientes, médicos y las familias trabajadoras.
El sector productivo reiteró su total disposición para colaborar activamente en el fortalecimiento de la educación pública nacional. No obstante, demandaron compromisos gubernamentales firmes que devuelvan la seguridad jurídica, garanticen la gobernabilidad democrática y sustenten una recuperación económica sólida para que todos los habitantes puedan vivir en paz.
