Iniciativa de reforma al Artículo 27 constitucional, atenta contra los derechos del sector agrario-indígena: FDTPSO
El Foro en Defensa del Territorio y la Propiedad Social de Oaxaca alertó que la iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, propuesta por el partido Morena en la Cámara de Diputados federal, atenta contra los derechos alcanzados por el sector agrario-indígena en la defensa de la propiedad social, y es contraria al contenido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La iniciativa, denuncia el Foro, «despoja a los pueblos indígenas y al sector agrícola de sus derechos fundamentales, al otorgar a la nación la propiedad de todo lo que han logrado a través de las luchas históricas».
Con dicha iniciativa, a los pueblos indígenas se les priva de la biodiversidad, al valor intrínseco de los bienes del subsuelo, al espectro radioeléctrico, a las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional; del germoplasma de la biodiversidad endémica y de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, es decir, de todos los recursos naturales existentes en sus territorios.
En un comunicado, el Foro en Defensa del Territorio y la Propiedad Social de Oaxaca refiere que “la reforma impone a la propiedad social de los ejidos y comunidades las modalidades que dicte el interés público, y lo que no lograron los gobiernos panistas y priistas ahora lo plantea un gobierno de izquierda, legislando en favor del neoliberalismo.
Además, el Foro afirma que la reforma legaliza y profundiza el despojo en franca violación al contenido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, no obstante que el Estado Mexicano está obligado a cumplir en términos del artículo 133 de la propia Constitución federal, y anula todo derecho que pueda reconocer la reforma del artículo 2 constitucional, “convirtiendo la reforma en una verdadera antinomia jurídica, que niega el derecho público y el patrimonio propio de los pueblos indígenas y a los núcleos agrarios”.
La agrupación social denunció que la iniciativa de reforma al artículo 27 plantea que la propiedad originaria le corresponde a la nación, y que los concesionarios de bienes o infraestructuras propiedad de la nación, no podrán incorporar su valor intrínseco como activos de su propiedad.
