Iniciativa de Morena en Oaxaca contra deepfakes despierta sospechas por intención de censura en las redes sociales
La bancada de Morena en el Congreso de Oaxaca impulsa una reforma penal para castigar el uso de inteligencia artificial en la creación y difusión de contenidos en redes sociales, bajo el argumento de frenar abusos tecnológicos. Sin embargo, la propuesta ha encendido alertas por su potencial para convertirse en un mecanismo de censura política.
La iniciativa, presentada por la diputada morenista María Francisca Antonio Santiago, busca reformar el artículo 232 Bis del Código Penal estatal para sancionar la manipulación de imagen, voz, datos personales o identidad mediante inteligencia artificial, cuando ello afecte el honor, reputación o fama pública.
Las penas propuestas contemplan de tres a seis años de prisión, además de multas de 500 a mil 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. La conducta sería equiparada a la suplantación de identidad, ampliando el alcance penal hacia nuevas formas de interacción y comunicaciones digitales.
En el papel, la reforma pretende atender un problema real: el uso de deepfakes para difamar, extorsionar o engañar a la población. Nadie discute que existen casos graves donde la tecnología ha sido utilizada de manera perversa para dañar reputaciones o vulnerar derechos fundamentales de personas inocentes.
No obstante, el principal problema radica en la amplitud y ambigüedad del texto. Conceptos como “daño al honor”, “reputación” o “fama pública” carecen de límites objetivos claros, lo que abre la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de autoridades, fiscales o jueces.
Esa vaguedad genera preocupación porque podría utilizarse no solo contra montajes maliciosos, sino también contra memes, sátiras, parodias, caricaturas políticas o investigaciones periodísticas incómodas para quienes ejercen el poder público. En un entorno polarizado, esa línea puede desdibujarse peligrosamente.
Periodistas críticos de la iniciativa sostienen que el fondo del debate no está exclusivamente en los deepfakes, sino en el creciente malestar de funcionarios frente a la crítica digital. Redes sociales y plataformas independientes se han convertido en espacios donde ciudadanos exhiben corrupción, abusos y negligencias gubernamentales.
En ese contexto, servidores públicos constantemente señalados por malos resultados, omisiones, presuntos delitos o actos de corrupción podrían encontrar en esta legislación una herramienta para judicializar críticas incómodas. La amenaza de una denuncia penal puede bastar para inhibir voces disidentes y generar autocensura.
Organizaciones como Artículo 19 han advertido históricamente que criminalizar expresiones relacionadas con honor o reputación produce un efecto inhibitorio, especialmente sobre periodistas y activistas. México avanzó al despenalizar difamación e injurias a nivel federal precisamente para evitar el uso político del derecho penal.
El reto para el Congreso de Oaxaca será demostrar que busca proteger derechos y no blindar al poder frente al escrutinio ciudadano, que demanda rendición de cuentas y transparencia. Regular abusos tecnológicos puede ser legítimo, pero si la ley termina castigando la crítica pública, el remedio podría resultar más peligroso que el problema mismo.
