INEGI desmiente discurso oficial: delitos crecieron 69% en Oaxaca pese a narrativa optimista de Salomón Jara
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 revela un alarmante repunte en la delincuencia en México durante 2024. Se estiman 23.1 millones de víctimas mayores de 18 años, un 24.1% de la población, superando los 21.9 millones de 2023.
En Oaxaca, este incremento choca con las afirmaciones del gobernador Salomón Jara de una baja en los delitos.
En Oaxaca, la tasa de victimización creció un 60.5% en 2024 respecto a 2023, posicionando al estado entre los de mayor alza. Esto significa que más hogares oaxaqueños sufrieron robos, extorsiones o amenazas, contradiciendo la narrativa oficial de mayor seguridad bajo la administración de Jara, quien ha destacado operativos policiales exitosos.
La incidencia delictiva en Oaxaca escaló un 69.9%, el mayor aumento nacional, según la ENVIPE. De un panorama nacional con 33.5 millones de delitos —el pico desde 2017—, Oaxaca contribuye significativamente a esta tendencia ascendente, mientras Jara insiste en que sus políticas han reducido la criminalidad en un 15% anual.
Salomón Jara, en conferencias recientes, ha presumido una “transformación en seguridad” con descensos en homicidios y robos. Sin embargo, los datos de la ENVIPE desmienten esta versión: la entidad vio un boom en victimizaciones, exponiendo posibles fallas en la coordinación entre fuerzas estatales y federales.
Nacionalmente, solo siete entidades bajaron su victimización, mientras siete subieron y 18 se mantuvieron estables. Oaxaca, junto a Tlaxcala (32.5%) y Durango (23.5%), lidera los incrementos. Esta disparidad resalta cómo la percepción de inseguridad en 2025 empeoró, con oaxaqueños reportando mayor temor en encuestas complementarias.
Los delitos más comunes en 2024 incluyeron fraude (7,574 por 100 mil habitantes), robo en vía pública (6,003) y extorsión (5,971), con alzas en los dos últimos. En Oaxaca, donde el fraude domina en 19 estados, estos crímenes digitales y callejeros agravan la crisis, ignorados en el discurso gubernamental.
La ENVIPE destaca que solo el 9.6% de los 33.5 millones de delitos se denunciaron en 2024, un descenso del 10.4% de 2023. En Oaxaca, esta subnotificación —posiblemente por desconfianza en autoridades— oculta la magnitud real, permitiendo que Jara cite cifras oficiales incompletas para respaldar su retórica de control delictivo.
La cifra oculta de delitos no investigados alcanza el 93.2% nacional, similar a años previos. En Oaxaca, esta impunidad fomenta ciclos de violencia, desde amenazas hasta secuestros —con 92,888 víctimas nacionales, el máximo desde 2019—. La administración de Jara enfrenta críticas por no abordar esta brecha en denuncias y pesquisas.
La percepción de inseguridad en México empeoró en 2025, según la ENVIPE, con oaxaqueños citando el aumento en extorsiones como factor clave. Esto erosiona la confianza en el gobierno morenista de Jara, quien prometió justicia social, pero los datos sugieren una desconexión entre promesas y realidad cotidiana en comunidades indígenas y urbanas.
Ante este panorama, expertos urgen a Oaxaca una revisión urgente de estrategias de seguridad. La contradicción entre la ENVIPE y las declaraciones de Jara podría catalizar debates legislativos. Solo con transparencia y acciones concretas se revertirá esta tendencia, restaurando la fe en un estado golpeado por la inseguridad rampante.
