Indisciplina y acusaciones de protección sacuden a la Policía Estatal de Oaxaca bajo el mando de Francisco Santiago García
La Policía Estatal de Oaxaca enfrenta una nueva crisis interna marcada por videos de agentes uniformadas consumiendo alcohol y acusaciones de presunta protección a un narcomenudista, hechos que han colocado bajo escrutinio al comisionado Francisco Santiago García y evidenciado cuestionamientos sobre disciplina, mando y controles internos dentro de la corporación.
En las últimas 48 horas, redes sociales exhibieron imágenes de elementos femeninos portando el uniforme institucional mientras consumían bebidas embriagantes. La primera grabación, difundida el 20 de agosto, mostró a una agente bebiendo cerveza, situación que motivó una investigación de Asuntos Internos y posteriormente la renuncia irrevocable de la policía involucrada.
La elemento estaba adscrita a la Segunda Compañía del Séptimo Batallón, y su separación ocurrió después de que las imágenes se viralizaron. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que abrió un expediente para determinar responsabilidades, mientras la corporación enfrenta nuevamente cuestionamientos por conductas incompatibles con el servicio policial y el uso del uniforme.
Un día después apareció una fotografía donde tres mujeres policías sostienen caguamas, aparentemente durante un momento de relajación. Reportes señalan que la imagen habría sido tomada dentro de una oficina de un alto mando o en instalaciones del cuartel de Santa María Coyotepec, presuntamente durante horario laboral, aunque esta versión permanece bajo investigación.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que se investiga la autenticidad, origen y veracidad de la fotografía. En caso de acreditarse que las personas involucradas son elementos activos y que incurrieron en faltas administrativas, podrían enfrentar procedimientos disciplinarios que contemplan incluso la baja definitiva de la corporación.
Francisco Santiago García reprobó públicamente las conductas y aseguró que no serán solapadas aquellas acciones capaces de desacreditar a la institución. El comisionado confirmó que Asuntos Internos mantiene expedientes abiertos, aunque la sucesión de escándalos ha reavivado cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión y disciplina policial.
El problema no se limita al consumo de alcohol. Hace aproximadamente dos semanas circuló otro video donde elementos estatales aparecen liberando a un motociclista detenido en inmediaciones del Mercado de Abasto, después de recibir una llamada telefónica que, según versiones difundidas, habría provenido del propio comisionado.
Ante ese hecho, el propio comisionado anunció una investigación administrativa y disciplinaria contra los policías involucrados, además de informar que el expediente sería turnado al Consejo de Honor y Justicia. Sin embargo, uno de los agentes exhibidos en la grabación ofreció una versión completamente distinta y lanzó una acusación directa contra su superior.
El policía segundo Zenteno Tobías sostuvo públicamente que fue Francisco Santiago García quien ordenó liberar al motociclista, al que identificó como presunto vendedor de droga. El elemento aseguró que actualmente enfrenta un procedimiento interno por haber cumplido una instrucción superior y cuestionó que la responsabilidad terminara recayendo exclusivamente sobre él.
“Por cumplir una orden superior el raspado soy yo”, afirmó el policía, quien además sostuvo que el comisionado cuenta con protección política del secretario de Gobierno, Jesús Romero López. Estas declaraciones constituyen señalamientos de gravedad que, hasta ahora, no han derivado en una resolución pública que confirme o descarte responsabilidades del funcionario mencionado.
Los episodios ocurren bajo una administración policial que arrastra cuestionamientos sobre favoritismo, sanciones selectivas y presuntas conductas irregulares. Francisco Santiago García asumió como comisionado en marzo de 2025, después de un paro de labores, y desde entonces han surgido denuncias que colocan bajo presión la conducción y disciplina de la corporación.
La controversia también alcanza al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Su titular, Karina Barón Ortiz, reconoció que la dependencia conoció las imágenes hasta que comenzaron a viralizarse en redes sociales y mediante reportes ciudadanos, aunque explicó que cada corporación dispone de áreas responsables de investigar conductas y determinar procedimientos disciplinarios.
Barón Ortiz anunció que la Unidad de Vinculación y Cuidado del Entorno y Participación Ciudadana intensificará talleres para reforzar valores éticos entre policías. Además, junto con la Secretaría de Seguridad Pública, se impartirán capacitaciones dirigidas específicamente a las mujeres de la corporación y continuará la revisión periódica de los exámenes de control de confianza.
No obstante, el mensaje institucional contrasta con una realidad que vuelve a exhibir debilidades en la vigilancia cotidiana de los cuerpos policiales. Que imágenes de agentes uniformados consumiendo alcohol lleguen a las redes antes que a los mecanismos internos plantea dudas sobre supervisión, disciplina y capacidad preventiva de las autoridades responsables de la seguridad.
Hasta el mediodía del 21 de agosto no existía una resolución pública definitiva sobre la acusación relacionada con el motociclista ni sobre la autenticidad de la fotografía de las tres agentes. Ambos asuntos permanecen bajo investigación de Asuntos Internos, mientras crece la exigencia de esclarecer responsabilidades sin privilegios, omisiones ni sanciones selectivas.
