Indaga ASF las obras construidas con Cué
La Auditoría federal informó que se investiga aún la calidad de algunas obras realizadas durante el gobierno de Gabino Cué ante la presunción de irregularidades tanto físicas como financieras.
Las irregularidades en el manejo de las participaciones federales a entidades federativas se dan a conocer en la auditoría 1261 de las conclusiones de la revisión a la Cuenta Pública del último año de ejercicio de la anterior administración.
Se precisa que las posibles recuperaciones se integran de 227 millones 459 mil pesos que se pagaron sin documentación comprobatoria y justificativa en el año 2016, así como 11.8 millones de pesos de reintegros de cuentas bancarias concentradoras de los años 2012, 2013 y 2014 del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, mismos que eran operados por el IEEPO.
También millones de pesos para la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos sin que se formalizara contrato alguno.
Además, los ex funcionarios fueron pillados en el pago de 188 mil pesos a 3 empleados que no tenían contratos, al mismo tiempo que hicieron pagos por 11 mil pesos por trabajos de mala calidad en una obra y también 15 mil pesos por concepto de pago de gastos de actualización por el pago no oportuno de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro social.
Las pesquisas todavía no se concluyen pues se auditan 4 mil 18 millones de pesos de más de 13 mil 468 millones ejercidos por este concepto.
Se puntualiza que en el sexenio pasado no se realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de participaciones y que no se cumplieron las metas y objetos.
En la víspera, se informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que en el último año del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, en Oaxaca se detectaron “errores en la distribución de las participaciones federales” por 246.4 millones de pesos y que no entregó a los municipios 29.8 millones de pesos.
Las irregularidades en la aplicación del Ramo 28 suman en total 278.9 millones de pesos, informó el órgano fiscalizador del Congreso de la Unión.
El gobierno aliancista, según el reporte, no informó sobre rendimientos por retraso en la entrega de recursos por un monto superior a los 2.6 millones de pesos.
En el dictamen final de la Cuenta Pública 2016 se refiere que se auditaron 4 mil 645.8 millones de pesos que debieron asignarse a municipios.
Los auditores descubrieron que en el sexenio pasado nunca se tuvo un manual de procedimientos para definir la manera en que se haría la ministración de participaciones federales a los municipios.
El gobierno de Gabino Cué nunca tuvo memorias de cálculo para distribuir los recursos ni documentos que justificaran las variables utilizadas y las fórmulas para entregar recursos a los municipios.
Y por si fuera poco, el anterior gobierno tampoco contaba con controles para garantizar la transferencia mensual a los gobiernos municipales.
Lo anterior, según la ASF, provocó que no todos los municipios recibieran lo que metodológicamente les correspondía y nunca tampoco se constituyó un fideicomiso de administración y pago, como lo establece la ley.
Ello propició que se generaran cheques como medio de pago de participaciones federales a municipios, con lo que n o se tenía certeza de la entrega en tiempo y forma de los recursos.
Se detectó además que nunca se tuvo un SPEI para acreditar la transferencia de recursos a los municipios y no había forma de verificar que se entregaran, pues la mayoría carecía de comprobantes fiscales digitales que justificaran el pago a los municipios.
También se detectó que el gobierno de Gabino Cué realizaba afectaciones a las participaciones federales de los municipios para paga deuda pública, sin cumplir con las normas de entrega de recursos.
NOTIFICAN JUICIO
La víspera, el exgobernador Gabino Cué Monteagudo fue enterado legalmente de la denuncia de juicio político en su contra presentada por su excolaborador, Benjamín Robles Montoya, por el presunto desvío de al menos 10 mil millones de pesos, lo anterior lo hizo mediante un abogado quien se presentó en las instalaciones de la LXIII Legislatura local para conocer del caso, informó la presidenta de la Comisión Instructora, María de Jesús Melgar integrante de la fracción parlamentaria del partido Morena.
Al apoderado legal dijo, se le entregó ya copia de la denuncia presentada por Robles Montoya así como por su empleada Amira Cruz y Alejandro Cruz Pimentel, integrante del Consejo Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad, así mismo explicó “se le corrió traslado de los anexos para que ellos puedan hacer su demanda, con esto la parte de la notificación ya quedó”; y es que recordó que el proceso de notificación al no localizarlo en los domicilios con los que contaba el Congreso local, se procedió a notificarlo a través de edictos publicados en diarios locales y en el Diario Oficial.
“Ya se apersonaron, ya entregaron la contestación y ahora el siguiente paso es proceder al periodo probatorio, una vez abierto este periodo tienen 30 días para presentar las pruebas”, indicó la legisladora quien añadió que aún falta que se ordene la apertura de este lapso de tiempo.
